Lo que costó, en cifras que no son opinión.

El estallido dejó 32 personas muertas, según las cifras oficiales del propio Estado chileno. Dejó más de 3.400 civiles hospitalizados y 347 personas con lesiones oculares, muchas de ellas de por vida. Dejó 8.812 detenidos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y dejó una factura económica calculada en unos 3.300 millones de dólares en daños a la propiedad pública y privada, con una pérdida estimada de entre 100 mil y 300 mil empleos.

La red de Metro de Santiago —construida durante décadas, con inversión de gobiernos de todos los colores políticos— perdió estaciones completas. Elisa Correa, Laguna Sur, Macul y San Pablo ardieron hasta quedar inutilizables. No fue un incidente aislado ni un exceso puntual. Fue una destrucción sistemática de infraestructura pública que millones de chilenos usan todos los días para ir a trabajar.

Ninguna de estas cifras es un invento de la derecha para desprestigiar una causa legítima. Son datos oficiales, documentados por el propio Estado y por organismos de derechos humanos que en su momento también denunciaron, con toda razón, el actuar de las policías. Reconocer una cosa no obliga a callar la otra.

La promesa que no se cumplió.

El estallido no fue solo destrucción. También fue una promesa: una nueva Constitución que, se dijo entonces, resolvería de raíz el malestar que había explotado en las calles. Chile le dio dos oportunidades a esa promesa.

En septiembre de 2022, el país rechazó la primera propuesta constitucional por 61,89% contra 38,11%. Fue un texto redactado por una convención de mayoría de izquierda. En diciembre de 2023, Chile rechazó también la segunda propuesta, esta vez redactada por un consejo de mayoría de derecha, por 55,76% contra 44,24%.

Dos convenciones. Dos textos completamente distintos entre sí. Dos rechazos contundentes. El país que supuestamente exigía una refundación completa terminó prefiriendo, dos veces seguidas y por márgenes claros, la Constitución que ya tenía —reformada, pero no reemplazada.

Lo que sí cambió.

Sería igual de deshonesto decir que no cambió nada. El malestar de 2019 —desconfianza en las pensiones, percepción de abuso en sectores como la salud y la educación, sensación de desigualdad— era real y en gran medida seguía sin respuesta cuando explotó. Ese malestar no se resolvió con un proceso constituyente, pero sí terminó reordenando el mapa político chileno: la desconfianza hacia la clase política tradicional, de ambos sectores, es hoy más alta que en 2019, no más baja. Y la elección de Kast en 2025 se explica, en buena parte, como una reacción a esos siete años de promesas de refundación que no llegaron a ningún lado concreto.

Por qué conviene recordarlo bien.

A siete años de distancia, la discusión ya no debería ser si el estallido tuvo o no causas reales —las tuvo—. La discusión honesta es otra: ¿valió la pena la factura que se pagó, en vidas, en vista, en empleos y en infraestructura pública, para terminar exactamente donde se empezó en materia constitucional? Los números de este artículo no responden esa pregunta por el lector. Pero sin esos números, la pregunta ni siquiera se puede hacer bien.

La entrada 7 años del estallido: la cuenta que Chile nunca terminó de pagar. se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Una campaña de marketing político, no un consenso historiográfico.

Gullo es tajante: la Leyenda Negra «fue la obra más genial del marketing político británico». No nació de un examen de conciencia progresista contemporáneo. Nació de la rivalidad geopolítica del siglo XVI y XVII, cuando Inglaterra y Holanda competían con España por el dominio imperial. Ambas potencias necesitaban desprestigiar a España. Para lograrlo, tomaron la obra polémica de fray Bartolomé de las Casas y la distorsionaron. Las Casas era un fraile español que denunciaba abusos dentro del propio debate español sobre el trato a los indígenas. Inglaterra y Holanda convirtieron ese texto interno en munición propagandística contra España como potencia rival.

La ironía, señala Gullo, es que esos mismos imperios tienen historiales coloniales que casi nadie juzga con el mismo rasero. Inglaterra dejó reservas indígenas empobrecidas en Norteamérica y practicó segregación racial sistemática. Holanda y Bélgica protagonizaron algunos de los episodios coloniales más brutales que documentan la historia de África. La Leyenda Negra no sobrevivió porque era la versión más precisa de los hechos. Sobrevivió porque quienes competían con España tenían el aparato de propaganda y editorial para instalarse durante siglos.

El argumento que Gullo pone sobre la mesa: comparar, no idealizar.

Gullo no pretende que la conquista española fuera un proceso sin violencia ni abusos. Eso sería tan deshonesto como el relato que combate. Su argumento es otro: comparado con otros imperios de la época, el modelo español tiene rasgos que la Leyenda Negra omite sistemáticamente.

España nunca trató jurídicamente a América como colonia en el sentido moderno. La trató como extensión de la propia Corona. Por eso fundó más de treinta universidades en el continente: Santo Domingo, San Marcos de Lima, México. Harvard nació en 1636 con apenas unos miles de libros. El Colegio de San Pablo, en Lima, llegó a tener cerca de 45.000. La Corona también impulsó activamente el mestizaje, justo lo opuesto a la segregación racial que practicaron las potencias anglosajonas en sus propios territorios.

Sobre el punto más sensible —la caída demográfica de la población originaria— Gullo se apoya en el historiador Ángel Rosenblat. Rosenblat atribuye la mayor parte de esa mortalidad a enfermedades, no a una violencia sistemática y deliberada equivalente al genocidio. Hay que decirlo con honestidad: esta tesis genera debate, y no todos los historiadores la comparten. Pero es exactamente ese debate el que la palabra «genocidio» impide tener, porque muchos la tratan como un hecho zanjado.

De propaganda imperial a herramienta política actual.

Lo más relevante del trabajo de Gullo no es la disputa historiográfica del siglo XVI. Es lo que documenta después. En el siglo XX, corrientes indigenistas con financiamiento e influencia soviética heredaron y reciclaron esa Leyenda Negra. La usaron para un objetivo político concreto: fragmentar la identidad hispanoamericana compartida y debilitar la cohesión nacional de la región. Gullo traza una línea entre esa narrativa y movimientos separatistas contemporáneos —dedica buena parte de su libro al caso catalán—. Ambos usan la misma lógica: presentar la historia común como una imposición colonial ajena, para justificar la ruptura.

Esa lógica también aparece en el debate chileno actual. Aparece cada vez que alguien cuestiona la legitimidad del Estado nación en nombre de la «descolonización». Aparece cuando alguien presenta el pasado prehispánico como una utopía que la violencia española interrumpió. Pero eso omite algo: las sociedades originarias de América —aztecas y otras— también practicaban sacrificios rituales y guerras de conquista entre sí. Ese dato rara vez entra en el relato romantizado.

Lo que este 12 de octubre debería significar.

No se trata de reemplazar un mito por otro. Tampoco de pedirle a nadie que celebre la conquista sin matices. Se trata de algo más simple: dejar de tratar la Leyenda Negra como historia zanjada. En el fondo es propaganda de guerra del siglo XVI. Y sigue cumpliendo, siglos después, la misma función para la que nació. Debilitar a Hispanoamérica desde adentro. Presentar su propio origen como una vergüenza de la que solo puede liberarse rompiendo lo que la une.

Este 12 de octubre, antes de compartir la próxima consigna sobre «genocidio» y «colonialismo», vale la pena hacer una pregunta. Es la misma que Marcelo Gullo lleva años haciendo: ¿quién se beneficia de que sigamos creyendo esa historia sin revisar?

La entrada La Leyenda Negra: por qué la izquierda latinoamericana reescribe el 12 de octubre. se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Esta es la cuarta entrega de nuestra serie sobre técnicas de manipulación política. Ya vimos la Caja China, la Infoxicación, el Hombre de Paja y el Ad Hominem. Hoy toca una técnica distinta: no se trata de manipular un argumento puntual, sino de mover el terreno completo donde se dan todos los argumentos futuros.

Qué es la Ventana de Overton.

El concepto lo formuló el analista estadounidense Joseph Overton en los años 90. La idea es simple: en cualquier momento histórico, existe un rango de políticas públicas que la sociedad considera «aceptables» para discutir en serio. Todo lo que queda fuera de ese rango se percibe como radical, impensable o directamente peligroso.

Lo importante —y lo que casi nadie explica— es que esa ventana se mueve. Y se mueve porque alguien, deliberadamente, empieza a defender posiciones más extremas que las actuales. Eso no logra que la sociedad adopte esa posición extrema de inmediato, pero sí logra algo más sutil: hace que la posición «moderada» de ayer empiece a parecer razonable en comparación, y la posición que antes ocupaba el centro se corra hacia donde estaba el extremo.

No hace falta convencer a nadie de la idea extrema. Basta con ponerla sobre la mesa para que todo lo demás se reacomode a su alrededor.

Un ejemplo chileno que casi nadie discute como lo que es.

Miremos la migración. Hace apenas siete u ocho años, hablar de cerrar pasos fronterizos no habilitados, construir zanjas o desplegar militares en la frontera norte era, para buena parte del espectro político chileno —incluida buena parte de la izquierda gobernante de entonces—, una postura marginal, asociada a sectores duros.

Hoy, gobiernos de distinto signo han normalizado exactamente ese tipo de medidas: se construyeron zanjas en Colchane bajo administraciones que en 2018 habrían calificado esa idea de extrema, se declararon estados de excepción en zonas fronterizas, y el debate público ya no es «¿hay que controlar la frontera?» sino «¿cuánto control es suficiente?». La ventana se movió. Y se movió sin que hiciera falta un plebiscito sobre el tema: bastó con que la posición «dura» se instalara en el debate público el tiempo suficiente para correr el centro.

Esto no es, en sí mismo, ni bueno ni malo —puede reflejar simplemente que la realidad cambió y la política se ajustó a ella. El punto de este artículo no es juzgar si ese movimiento particular fue acertado, sino mostrar el mecanismo: quien logra instalar una idea «extrema» en la conversación pública, aunque pierda esa batalla puntual, gana la guerra de fondo, porque corre el punto de referencia desde el cual se mide todo lo demás.

Cómo se reconoce cuando alguien está moviendo la ventana.

Hay señales típicas: propuestas presentadas primero como «solo para generar debate», uso reiterado de una idea en columnas de opinión y paneles de televisión aunque nunca llegue a votarse, comparaciones que hacen ver una postura moderada como «de centro» simplemente porque existe algo más radical al lado, y —muy importante— el silencio de quienes deberían disputar el terreno pero prefieren no gastar capital político en una batalla que perciben como ya perdida.

Esto se aplica en ambas direcciones del espectro político, y cualquier análisis honesto tiene que decirlo así: la izquierda ha movido exitosamente la ventana en temas como matrimonio igualitario o la despenalización del aborto en tres causales, instalando primero la conversación como «extrema» y logrando, en un plazo de años, que posiciones antes minoritarias se volvieran mayoritarias. La derecha lo ha hecho en temas de seguridad y migración, como vimos arriba. No es una técnica de un bando: es una técnica de quien tiene una estrategia de largo plazo y la ejecuta con paciencia, mientras el otro lado reacciona coyuntura a coyuntura.

Por qué esto nos debería importar.

Entender la Ventana de Overton no sirve para «ganarle» al otro lado —sirve para participar del debate público con los ojos abiertos. La próxima vez que una idea le parezca «impensable», vale la pena preguntarse: ¿es impensable porque es mala, o simplemente porque todavía no ha entrado en la conversación el tiempo suficiente como para que deje de sonar extraña? Y la próxima vez que una posición le parezca «de sentido común», vale la pena preguntarse quién trabajó, durante cuánto tiempo, para que sonara así.

La política no se mueve solo con votos el día de la elección. Se mueve, sobre todo, con la conversación de todos los días anteriores.

La entrada Técnicas de Manipulación Política: la Ventana de Overton y cómo se mueve el centro. se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Es una de las preguntas que más he escuchado en estos años, y la he escuchado casi siempre en español chileno, colombiano o español de España. Rara vez en venezolano.

¿Dónde está la gente dispuesta a jugarse la vida? ¿Por qué no salen a la calle? ¿Por qué aguantan?

Debajo de esa pregunta hay una acusación que casi nunca se dice en voz alta: que los venezolanos no fueron lo suficientemente valientes.

Quiero desarmar esa idea. No por corrección política, sino porque es empíricamente falsa. Y porque mientras sigamos haciendo la pregunta equivocada, no vamos a encontrar la respuesta que importa.

LA RESPUESTA EMPÍRICA

¿Dónde están los venezolanos dispuestos a morir por su libertad?

Muchos están muertos.

Desde 2014, más de 300 personas han sido asesinadas durante manifestaciones en Venezuela. En 2019, Provea registró 61 manifestantes muertos en cinco meses de protestas. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, la misma organización documentó 25 asesinatos en apenas cuatro días.

Un dato que ordena todo lo anterior: durante los veintiún años que abarcan los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez, murieron en protestas 77 personas. En los primeros seis años de Maduro, la cifra se triplicó.

Otros están presos.

Entre el 29 de julio y el 13 de agosto de 2024 fueron arrestadas más de 2.400 personas, según cifras del propio gobierno. Un promedio de 150 detenciones diarias durante dieciséis días. Foro Penal verificó 2.062 detenidos políticos en el período poselectoral y, al cierre de ese año, al menos 43 personas permanecían en desaparición forzada. Otras 9.000 vivían bajo medidas restrictivas: prohibición de salida, presentaciones periódicas, arraigo.

Human Rights Watch documentó torturas, desapariciones y el rol de los colectivos armados en la represión.

Y hay un dato que conviene leer dos veces: según Foro Penal, más del 95% de los detenidos provenían de comunidades pobres.

No salieron los estudiantes de clase media de Caracas. Salieron los barrios. Los mismos barrios que el chavismo decía representar.

Y más de siete millones se fueron.

La cifra de refugiados y migrantes venezolanos superó los 7,7 millones a nivel mundial. Casi un cuarto de la población del país.

Así que la respuesta a la pregunta es sencilla y está documentada: los venezolanos dispuestos a jugarse la vida están en los cementerios, en las cárceles y en el exilio.

Aparecieron. Muchas veces. Y perdieron.

POR QUE EL CORAJE NO BASTA

Aquí está el punto que incomoda, y es una lección política de primer orden.

Los regímenes de este tipo no caen por acumulación de valentía. Si así fuera, Venezuela sería libre desde 2017.

El coraje ciudadano es una condición necesaria. Nunca ha sido suficiente. Y creer lo contrario nos lleva a un error de diagnóstico que después pagamos caro: si el problema es la falta de héroes, la solución es exigir más héroes. Es decir, exigirle a un padre de familia en Petare que se pare frente a un colectivo armado, mientras nosotros lo aplaudimos desde una pantalla.

Eso no es política. Es consumo de heroísmo ajeno.

ENTONCES, ¿QUIÉN DERRIBA UNA DICTADURA?

La literatura sobre transiciones democráticas es bastante consistente en esto, y contradice la épica.

Las dictaduras rara vez caen por el empuje de la calle sola. Caen cuando la coalición que las sostiene se fractura.

Es decir: cuando los militares calculan que reprimir cuesta más que negociar. Cuando los empresarios que financiaban el arreglo dejan de recibir su retorno. Cuando los cuadros medios del aparato buscan garantías para el día después. Cuando alguien adentro decide que el régimen es peor negocio que la transición.

La calle es la presión. La fractura de la élite es el mecanismo.

Chile en 1988, España en 1976, Polonia en 1989: en los tres casos hubo movilización social, sí, pero el momento decisivo llegó cuando una parte del poder establecido concluyó que la salida ordenada le convenía más que la resistencia.

LA FRACTURA QUE NO OCURRIÓ

Ahora apliquemos esto a enero de 2026.

Maduro no cayó por una fractura interna. Cayó porque un comando extranjero lo sacó de Caracas en cuarenta minutos.

Y esa diferencia lo explica todo.

Cuando la cúpula no se rompe por dentro, sino que se le extrae la cabeza desde afuera, el cuerpo sigue funcionando. Por eso el Tribunal Supremo siguió siendo el mismo. Por eso la Asamblea Nacional sigue presidida por un Rodríguez. Por eso el ministro de Defensa de doce años fue trasladado a la cartera de Agricultura en lugar de a un tribunal.

La élite chavista no se fracturó. Se reacomodó.

Nadie adentro tuvo que calcular nada, porque nadie adentro estuvo en riesgo. Y una élite que no corre riesgo no negocia: administra.

Ahí está el verdadero fracaso de estos siete meses, y no en una supuesta falta de heroísmo popular.

EL AGENTE HISTÓRICO QUE SÍ EXISTE

Si el sujeto de la transición no es el mártir, ¿quién es?

Primero, la parte del régimen que quiera un futuro. Suena repugnante y lo es. Pero toda transición negociada incluye a gente que no merecería estar en la mesa. Chile lo sabe mejor que nadie. La alternativa —justicia total inmediata— garantiza que nadie suelte el poder jamás, porque soltarlo equivale a suicidarse.

Segundo, una oposición capaz de ofrecer garantías creíbles. Esta es la tarea más ingrata y menos épica que existe: diseñar un consejo electoral, negociar plazos, construir un marco de justicia transicional. Nadie transmite eso en vivo. Ahí se juega el país.

Tercero, la diáspora. Y este es el dato más esperanzador de todo el panorama. Una encuesta de ACNUR realizada entre enero y marzo de este año encontró que más de un tercio de los venezolanos desplazados en la región consideraría regresar si mejoraran las condiciones. Un 9% lo haría dentro de un año. Y de quienes ya han retornado, el 80% planea quedarse.

Siete millones de personas con oficio, capital y experiencia de vida en democracias funcionales. Eso no es una tragedia migratoria. Es la mayor reserva de capital humano que tiene Venezuela, y está esperando una sola señal: que valga la pena volver.

Cuarto, una presión internacional sostenida. No episódica. No condicionada al precio del barril.

LA PREGUNTA CORRECTA

Entonces la pregunta no era dónde están los venezolanos dispuestos a morir.

La pregunta es: ¿quién está dispuesto a hacer el trabajo aburrido?

¿Quién negocia el consejo electoral? ¿Quién diseña las garantías que permitan a un general retirado dormir tranquilo sin haber gobernado con impunidad? ¿Quién sostiene la presión cuando ya no hay imágenes dramáticas que compartir?

Y una última, que nos toca a nosotros.

Durante años exigimos coraje a los venezolanos desde la comodidad. Es más fácil pedir mártires ajenos que asumir que la libertad de un país vecino también depende de lo que hagan sus vecinos: qué gobiernos reconocemos, qué presión ejercemos, cómo tratamos a los venezolanos que llegaron a nuestras calles huyendo exactamente de lo que decimos condenar.

Venezuela nunca tuvo escasez de valentía. Tuvo escasez de arquitectura.

Y la arquitectura, a diferencia del martirio, sí se puede construir desde afuera.

Este artículo cierra la reflexión iniciada en «Maduro cayó. El chavismo, no.» y «Siete meses sin Maduro: la transición que no empieza».

Circulando por la Derecha es un blog de opinión política republicana. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.

La entrada LA PREGUNTA MAL HECHA: ¿DÓNDE ESTÁN LOS VENEZOLANOS DISPUESTOS A MORIR POR SU LIBERTAD? se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Cada año, cuando alguien intenta discutir seriamente qué pasó con la economía chilena entre 1973 y 1990, aparece la misma respuesta: «estás celebrando la dictadura». Es un hombre de paja falacia argumentativa de manual — se reemplaza el argumento real (qué modelo económico funcionó y por qué ningún gobierno posterior lo revirtió) por una versión más fácil de atacar (que el interlocutor añora los crímenes del régimen), y se derriba esa versión en vez de responder al argumento original.

Por qué funciona

Funciona porque apela a algo real: el dolor genuino de miles de familias chilenas y el hecho documentado de que hubo ejecuciones políticas, desapariciones y tortura. Nadie discute eso — nosotros tampoco lo omitimos en la edición especial de esta semana. El hombre de paja aprovecha esa carga emocional legítima para cerrar una conversación distinta: la de qué política económica sacó a Chile de una inflación de más de 500% anual y por qué la Concertación, gobernando durante veinte años, no desmontó ese modelo.

Son dos preguntas separadas. Se puede sostener con total coherencia que el quiebre institucional de 1973 fue ilegítimo y que el giro económico posterior funcionó. De hecho, es exactamente la posición que tomamos en nuestro artículo de esta semana.

Cómo responder

No hace falta subir el tono ni caer en la misma trampa devolviendo el ataque. Basta con nombrar la maniobra: «yo no estoy defendiendo eso, estoy hablando de otra cosa — ¿Tenés algo que decir sobre la política económica específicamente?». La mayoría de las veces, quien usa el hombre de paja no tiene una respuesta preparada para esa pregunta, porque nunca se propuso responder al argumento real.

Es todo por ahora, nos seguimos viendo la próxima semana, espero también que puedan indagar por sus propios medios si el tiempo entre el trabajo, la esposa y los hijos se lo permiten.

Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

La entrada El Hombre de Paja del 11 de septiembre se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Haga la prueba esta semana. Pregúntele a diez chilenos qué se celebra el 18 de septiembre.

Nueve le van a responder que la independencia de Chile.

Y nueve van a estar equivocados por ocho años.

LO QUE PASÓ ESE MARTES

El martes 18 de septiembre de 1810, en el edificio del Real Tribunal del Consulado de Santiago, se reunió un Cabildo Abierto con alrededor de cuatrocientas personas.

De ahí salió la Primera Junta Nacional de Gobierno. Presidida por Mateo de Toro y Zambrano, con el obispo Martínez de Aldunate como vicepresidente y cinco vocales, entre ellos Juan Martínez de Rozas e Ignacio de la Carrera.

Ahora, el nombre oficial de lo que se creó ese día:

Junta Provisional Gubernativa del Reino a nombre de Fernando VII.

Léalo de nuevo. A nombre de Fernando VII. El rey de España.

Napoleón lo tenía cautivo desde 1808 y había puesto a su hermano José en el trono. Los criollos chilenos no declararon nada contra la Corona: juraron lealtad al rey ausente y se organizaron para administrar el reino mientras él volvía.

La independencia se firmó en Concepción el 1 de enero de 1818, la ratificó O’Higgins en Talca el 2 de febrero, y se juró en Santiago el 12 de febrero, en el primer aniversario de Chacabuco.

Ocho años y cuatro meses después.

ENTONCES, ¿QUÉ ESTAMOS CELEBRANDO?

Algo más profundo que una fecha de independencia, en realidad.

Los criollos invocaron una doctrina precisa, la misma que estaban usando las juntas peninsulares en Sevilla y Cádiz: en ausencia del rey, la soberanía vuelve al pueblo.

Deténgase ahí, porque en esa frase está todo.

No dijeron que el poder quedaba vacante. Dijeron que el poder les pertenecía a ellos, y que lo estaban devolviendo a su origen mientras la autoridad legítima no pudiera ejercerlo.

Un grupo de hombres se reunió, deliberó y decidió libremente darse su propio gobierno. Nadie los obligó y nadie los autorizó.

Eso es lo que celebramos: no el fin de una dominación, sino el primer acto de autogobierno. El momento en que un territorio dejó de esperar instrucciones y empezó a tomar decisiones.

El 18 no conmemora un triunfo. Conmemora un comienzo. Y los comienzos, a diferencia de los triunfos, pueden fracasar.

Este casi fracasó.

LOS ENEMIGOS INTERNOS, VERSIÓN 1814

Aquí está la parte que no se enseña en los actos escolares.

Entre 1810 y 1814, mientras se construía la Patria Vieja, los patriotas chilenos se dedicaron con entusiasmo a destruirse entre ellos. José Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins —los dos hombres más capaces del bando independentista— compitieron por el mando con una ferocidad que hoy llamaríamos, sin exagerar, faccionalismo suicida.

Llegaron a enfrentarse militarmente. Entre patriotas.

El resultado llegó en octubre de 1814, en Rancagua. El ejército realista aplastó a un bando dividido y Chile volvió al dominio español durante tres años. Se llama la Reconquista, y fue el período más represivo de todo el proceso.

La república no estuvo a punto de morir por la fuerza del enemigo externo. Estuvo a punto de morir por la incapacidad de sus fundadores de tolerarse unos a otros.

Ese es el primer enemigo interno, y lleva doscientos dieciséis años entre nosotros.

Y DESPUÉS, EL PROPIO O’HIGGINS

La historia tiene un segundo capítulo incómodo.

Bernardo O’Higgins ganó Chacabuco, juró la independencia, ganó Maipú y consolidó la Patria Nueva. Es, con toda justicia, el padre de la patria.

Y en 1823 tuvo que abdicar.

Gobernó con una concentración de poder que la propia elite que lo había apoyado terminó considerando insostenible. El Director Supremo que había liberado al país fue empujado a dejarlo por quienes creían —con razón o sin ella— que la libertad conquistada afuera no podía sostenerse con autoridad ilimitada adentro.

El segundo enemigo interno de una república es la tentación del atajo: la idea de que un hombre providencial resuelve más rápido lo que las instituciones resuelven lento.

Es una tentación permanente, y no distingue de colores políticos. La han sentido gobiernos de izquierda y de derecha, aquí y en todo el continente. Venezuela es el ejemplo extremo de lo que ocurre cuando se cede a ella sin frenos.

LOS MISMOS ENEMIGOS, DOS SIGLOS DESPUÉS

Si uno los traduce al Chile de 2026, siguen siendo tres.

El faccionalismo que confunde adversario con enemigo. Un adversario es alguien con quien compites por el gobierno. Un enemigo es alguien a quien hay que eliminar. Cuando esa distinción se borra —y en Chile se ha borrado más de una vez— la política deja de ser el mecanismo que evita la violencia y pasa a ser su antesala.

El instrumentalismo institucional. Invocar al Tribunal Constitucional, a la Contraloría o a los tribunales cuando fallan a favor, y deslegitimarlos cuando fallan en contra. Lo hemos hecho todos los sectores. Es la forma más eficaz de destruir una república sin dar un solo golpe: basta con enseñarle a la ciudadanía que las instituciones son herramientas de bando.

El atajo caudillista. La convicción de que el problema es que no ha llegado la persona correcta, en vez de que no hemos construido las reglas correctas. Es seductora porque es simple, y es peligrosa por la misma razón.

LO QUE SÍ HAY QUE CELEBRAR

Este jueves millones de chilenos van a comer empanadas, bailar cueca y levantar una copa. Está bien. La patria también se celebra así, y quien desprecie eso no entendió nunca qué significa pertenecer a un lugar.

Pero vale la pena saber por qué se levanta la copa.

No por una victoria militar. No por un documento. Por una decisión.

Cuatrocientas personas se juntaron un martes de primavera y resolvieron que, en ausencia de una autoridad legítima, se gobernarían solas. No sabían si iba a funcionar. Estuvieron a punto de perderlo todo cuatro años después por pelearse entre ellas. Se demoraron ocho años en atreverse a decir en voz alta lo que habían empezado a hacer ese día.

Una república no se hereda. Se sostiene. Cada generación decide si la mantiene o la deja caer, y ninguna puede confiarse en el trabajo de la anterior.

Así que este 18, entre la parrilla y el terremoto, vale la pena recordar que lo que se celebra no es algo que nos dieron.

Es algo que alguien decidió empezar, sin garantías, y que sigue dependiendo de nosotros.

¡Viva Chile!

La entrada ¿QUÉ CELEBRAMOS REALMENTE EL 18 DE SEPTIEMBRE? se publicó primero en Circulando por la Derecha.

No los números de un bando ni del otro. Los del Banco Central, los de la Biblioteca del Congreso, los de los propios organismos del Estado chileno a lo largo de tres décadas de democracia. Porque si algo debería sobrevivir a la polarización de cada septiembre, es la evidencia.

La economía que colapsó

En 1973, Chile no vivía una crisis política aislada: vivía un colapso económico en toda regla. La inflación anual llegó a 606%, la cifra más alta registrada en la historia del país. No era un número abstracto: significaba que una familia veía derretirse el valor de su sueldo entre el día que lo cobraba y el día que hacía la compra de la semana.

Detrás de esa inflación había una causa concreta: el déficit fiscal pasó de -1,4% del PIB en 1970 a -22,9% en 1973, financiado en gran parte con emisión monetaria del Banco Central. El «Plan Vuskovic» combinó alzas salariales del 55%, congelamiento de precios y expansión del gasto público bajo la premisa de que la economía chilena tenía «capacidad ociosa» suficiente para absorberlo. No la tenía. El resultado fue desabastecimiento generalizado, mercado negro y filas que hoy solo recuerdan quienes las vivieron.

En paralelo, la participación estatal en la economía se disparó: del 13% al 85% en minería, del 3% al 40% en la industria, del 24% al 70% en el transporte. No es un juicio ideológico decir esto —son cifras de estatización que cualquier manual de historia económica chilena recoge.

El giro y sus costos.

Lo que vino después —el régimen militar y las reformas de los Chicago Boys— no puede contarse solo en cifras macroeconómicas, y quien lo intente estaría siendo tan deshonesto como quien solo cuenta las cifras de la UP. Chile pagó ese giro con una dictadura, con violaciones a los derechos humanos que están documentadas, juzgadas y que este medio no pretende minimizar ni en esta nota ni en ninguna otra. Ese costo es un hecho histórico, no un punto de vista.

Pero también es un hecho histórico lo que pasó con la economía a partir de mediados de los 70 y, sobre todo, después de la crisis de 1982: control de la inflación, apertura comercial, un sistema de pensiones que —con todos sus defectos, hoy en debate— reemplazó a uno que ya era insostenible, y las bases institucionales (Banco Central autónomo, reglas fiscales) que gobiernos de todos los colores políticos mantuvieron después de 1990, incluidos los de la Concertación.

Lo que muestran tres décadas de democracia.

Ahí está el dato que más incomoda a quien quiere reducir el debate a «dictadura mala, todo lo anterior bueno»: ningún gobierno democrático posterior a 1990 —ni el de Aylwin, ni el de Lagos, ni el de Bachelet, ni el de Boric— desmontó el modelo económico heredado. Lo ajustó, le agregó red social, discutió sus límites, pero no volvió a la economía estatizada y con inflación de tres dígitos de 1973.

Y los resultados de sostener ese modelo, con matices, durante 35 años de democracia están a la vista: la pobreza pasó de cerca del 40% de la población a comienzos de los 90 a menos del 7% en las mediciones más recientes. Chile llegó a ser, según distintos organismos internacionales, uno de los países con menor pobreza de América Latina. Ese resultado no se lo debemos a Allende ni al Plan Vuskovic. Se lo debemos a un modelo que, guste o no, nació de las reformas posteriores a 1973 y que la propia izquierda gobernante decidió no revertir cuando tuvo el poder para hacerlo.

¿Por qué esto importa hoy?

No se trae esto a colación por nostalgia con una fecha que para muchos chilenos sigue siendo dolorosa. Se trae porque hoy, con el gobierno de Kast enfrentando presión desde distintos flancos para intervenir más la economía, vale la pena recordar qué pasa cuando el Estado decide que puede fijar precios mejor que el mercado, gastar más de lo que recauda y estatizar sectores completos «por el bien del pueblo». Ya lo hicimos una vez. Terminó en 606% de inflación y en un país que se quedó sin nada que repartir.

La memoria del 11 de septiembre no tiene por qué ser solo la de los símbolos. También puede —y quizás debería— ser la memoria de los números. Esa es la que casi nadie quiere discutir en esta fecha, y es exactamente la que Chile necesita no olvidar.

La entrada 11 de septiembre, 53 años después: los números que Chile no debería olvidar. se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Cada 11 de septiembre Chile vuelve a dividirse en el relato de lo que pasó ese día en 1973. Pero hay un debate más incómodo y menos transitado que la pura discusión sobre el quiebre institucional: ¿Qué pasó con la economía chilena entre la Unidad Popular y las décadas siguientes, y por qué el modelo que se instaló después de 1975 sobrevivió intacto a gobiernos democráticos de distinto signo durante más de treinta años? ¿El modelo económico chileno, Chicago Boys?

Este artículo no pretende juzgar la legitimidad de cómo se llegó a ese cambio de modelo. Pretende mirar los números.

El punto de partida: la crisis de la Unidad Popular

Entre 1970 y 1973 la inflación en Chile pasó de niveles ya altos a superar el 500% anual, una de las cifras más altas registradas en la historia económica del país. Las políticas de control de precios generaron desabastecimiento y un mercado negro extendido; el programa de expropiaciones y estatizaciones —de la banca, la gran minería y buena parte de la industria— se ejecutó sin un marco de compensación que diera certeza a la inversión, y la fuga de capitales se aceleró en paralelo. El resultado hacia 1973 era un país con reservas internacionales agotadas, un fisco desbordado por el financiamiento monetario del gasto público y una economía prácticamente paralizada por los paros y el racionamiento.

Las cifras respaldan el diagnóstico: la inflación anual pasó de 22% en 1971 a 163% en 1972 y a un rango de entre 508% y 606% en 1973 según la metodología de cálculo. El déficit del sector público saltó de -1,4% del PIB en 1970 a -22,9% del PIB en 1973.

El giro: los Chicago Boys y el mercado

A partir de 1975, un grupo de economistas formados mayoritariamente en la Universidad de Chicago —de ahí el apodo— tomó las riendas de la política económica con un diagnóstico radicalmente distinto: apertura comercial, disciplina fiscal, privatizaciones, y un Estado que dejaba de intentar planificar la economía para limitarse a fijar reglas claras y estables.

Es importante ser honesto sobre la cronología, porque es lo que le da credibilidad al argumento: el ajuste inicial fue durísimo, con una recesión profunda en 1975 y una segunda crisis en 1982-83 —gatillada en parte por la fijación cambiaria y la crisis de deuda latinoamericana— que hizo caer el PIB un 14,3% y llevó el desempleo abierto a 23,7% (algunas estimaciones no oficiales, que suman los programas de empleo de emergencia PEM y POJH, ubican el desempleo efectivo cerca del 30% hacia fines de 1983), además de provocar la quiebra de buena parte del sistema bancario.

El verdadero despegue sostenido llega recién en la segunda mitad de los 80, con el ajuste post-83 liderado por Hernán Büchi: el gasto público bajó de 32,7% del PIB en 1985 a 22,4% en 1990 y se sentaron las bases de reglas más prudentes de regulación financiera. Entre 1986 y 1997 la economía chilena creció a un promedio de 7,2% anual, con picos de 10,6% en 1989 y 11,1% en 1992 — el período de mayor crecimiento sostenido registrado en la historia del país.

El dato que incomoda a todos los sectores

El hecho más relevante para este debate no es que el modelo se haya instalado bajo un gobierno militar. Es que ningún gobierno democrático posterior —ni la Concertación en sus veinte años en el poder, ni gobiernos de izquierda ya en el siglo XXI— optó por desmontarlo. Se reformó, se le agregaron políticas sociales y redes de protección que no existían en el diseño original, pero la arquitectura básica de mercado abierto, responsabilidad fiscal y Banco Central autónomo se mantuvo. Esa continuidad, sostenida por gobiernos que no compartían el origen del modelo, es en sí misma un argumento más elocuente que cualquier discurso.

Lo que este balance no puede omitir

Reconocer el éxito posterior del modelo económico no exige —ni permite— pasar por alto el costo humano del período en que se instaló. El Informe Rettig y el Informe Valech documentaron miles de víctimas de ejecución política, desaparición forzada y tortura durante el gobierno militar. Ese costo es un hecho histórico establecido, no una opinión política, y cualquier balance serio de la época tiene que sostener las dos cosas a la vez: un régimen que llegó y se sostuvo por la fuerza, y un giro económico que —ejecutado en democracia probablemente habría tomado un camino distinto— terminó siendo el cimiento sobre el que se construyó el Chile de las décadas siguientes.

CIERRE

El 11 de septiembre seguirá siendo, con toda razón, una fecha de memoria y de dolor para una parte importante del país. Pero la discusión sobre qué modelo económico sacó a Chile de la crisis más profunda de su historia reciente merece analizarse con los mismos estándares de rigor con que se analiza cualquier otra política pública: mirando los números, reconociendo los costos, y preguntándose por qué, más de tres décadas después y bajo gobiernos de todos los colores, nadie decidió volver atrás.

La entrada De la ruina de la Unidad Popular al modelo que cambió a Chile se publicó primero en Circulando por la Derecha.

El miércoles 5 de agosto, en el Senado de la República, dos parlamentarias se gritaron frente a las cámaras.

El tema de fondo era grave y legítimo: un grupo de legisladores de derecha había solicitado al presidente Kast el indulto de uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Entre ellos, el excapitán de Carabineros condenado a doce años por el lanzamiento de la bomba lacrimógena que dejó ciega a Fabiola Campillai.

Ese es un debate real. Toca la justicia, el perdón, la proporcionalidad de las penas, el rol de la fuerza pública y las heridas abiertas de octubre de 2019. Hay argumentos serios a ambos lados y el país necesita tenerlos.

No se discutió nada de eso.

Se discutió si una era delincuente. Se discutió el origen social de la otra. Se discutió su familia, su capacidad intelectual, su barrio.

Bienvenidos a la cuarta entrega de esta serie.

QUÉ ES EL AD HOMINEM

La estructura es de una simplicidad brutal:

No se refuta el argumento. Se descalifica a quien lo formula.

Y funciona porque explota un atajo mental legítimo. En la vida real sí importa quién habla: le creo más a un cardiólogo sobre el corazón que a mi vecino. El problema aparece cuando ese atajo se usa para no examinar lo que se dijo.

Un argumento es verdadero o falso por su estructura y su evidencia. No por la biografía de quien lo pronuncia.

Si un canalla dice que dos más dos son cuatro, siguen siendo cuatro.

LAS CINCO FORMAS QUE VAS A RECONOCER

1. El abusivo. El insulto directo. «Es un facho». «Es un comunista». «Es una vieja de feria». No agrega información: cierra la conversación.

2. El circunstancial. Se ataca el interés en vez del argumento. «Claro que defiendes eso, si eres empresario». «Dices eso porque te pagan las mineras». Se sustituye la evaluación del argumento por la sospecha sobre el motivo.

3. El envenenamiento del pozo. Se descalifica antes de que el otro hable, para que nada de lo que diga cuente. «Antes de escucharlo, recuerden quién es este señor».

4. El «y tú más». El favorito del debate chileno. «¿Me hablas tú de corrupción?». No responde nada: solo empata la culpa. Aunque el acusador sea un hipócrita, la acusación puede ser cierta.

5. La culpabilidad por asociación. «Eso mismo decía Pinochet». «Ese argumento lo usa el chavismo». Se contamina una idea por quién más la ha sostenido, sin examinarla.

EL CASO DEL 5 DE AGOSTO

Volvamos al Senado, porque el episodio contiene casi todo el catálogo.

Campillai increpó a Flores recordándole que está siendo investigada por fraude al fisco, y la trató de delincuente defendiendo a otro delincuente.

Flores respondió cuestionando al entorno familiar de Campillai, afirmando que tendría hija, nieto y yerno delincuentes, y agregó que la senadora era intelectualmente deficiente. En el intercambio la llamó además «poblacional» y «señora de feria».

Detengámonos en lo que ocurrió ahí, porque es más grave de lo que parece.

La pregunta sobre la mesa era: ¿corresponde indultar a uniformados condenados por hechos del estallido?

Ninguna de las dos la respondió.

Una podría haber argumentado que el indulto vulnera a las víctimas y erosiona las sentencias judiciales. La otra podría haber argumentado que hubo procesos con vicios, penas desproporcionadas o falta de contexto operativo. Ambas posiciones son defendibles y ninguna requiere insultar a nadie.

En cambio, el país se quedó sin ese debate y con dos videos virales.

El ad hominem no solo daña a la persona atacada. Le roba a la ciudadanía la discusión que le pertenecía.

AHORA LA PARTE QUE ME TOCA

Camila Flores es senadora de Renovación Nacional. Es de mi sector.

Y sus dichos fueron los más degradantes del intercambio.

Usar «señora de feria» o «poblacional» como insulto no es un exceso verbal. Es una declaración de principios, y es la contraria a la que decimos sostener. La derecha chilena lleva años —con toda razón— reclamando que se nos caricaturiza como el partido de los ricos, indiferente al chileno común. Después alguien de los nuestros convierte el trabajo en una feria libre en un epíteto, y le entrega esa caricatura servida a nuestros adversarios.

Y ojo, porque el reproche vino desde todas partes. Magdalena Piñera cuestionó públicamente el tono del debate parlamentario tres días después. Le Monde Diplomatique publicó una columna sobre el uso del origen humilde como arma política. Cuando la izquierda y el entorno de Piñera coinciden en que algo estuvo mal, probablemente estuvo mal.

No se puede defender la meritocracia y despreciar a quien trabaja. Es la contradicción más cara que puede cometer nuestro sector.

Que la otra senadora también haya insultado no lo arregla. Eso es exactamente el «y tú más» del punto 4.

CUÁNDO NO ES FALACIA

Aquí está la distinción fina, y la mayoría de la gente no la hace.

Señalar quién habla no siempre es un ad hominem.

La clave está en qué tipo de afirmación se está evaluando:

Si alguien te da un argumento —premisas, evidencia, razonamiento— su biografía es irrelevante. Tienes que responderle el argumento.

Si alguien te da un testimonio —»créeme, los datos dicen tal cosa»— su credibilidad sí es pertinente, porque te está pidiendo confianza en lugar de pruebas.

Ejemplo concreto del propio caso: recordar que una parlamentaria está siendo investigada por fraude al fisco es información pública y legítima para evaluar su idoneidad para el cargo. Es información relevante sobre la persona.

Pero no refuta absolutamente nada sobre si un indulto corresponde o no.

Esa es la línea: un conflicto de interés es motivo para verificar un argumento con más rigor. Nunca es motivo para no examinarlo.

POR QUÉ ESTO NOS ESTÁ COSTANDO EL PAÍS

Un sistema político donde el desacuerdo se procesa por descalificación tiene tres consecuencias, y las estamos viviendo todas.

Nadie cambia de opinión jamás. Si discrepar de mí te convierte en despreciable, entonces darte la razón me convierte a mí en despreciable. La rectificación se vuelve imposible.

Se seleccionan los peores. El insulto rinde en redes sociales; el matiz no. Con el tiempo, el sistema promueve a quien mejor humilla, no a quien mejor legisla.

Se destruye la confianza institucional. Cuando dos senadoras se gritan frente a las cámaras, no pierde una de las dos. Pierde el Senado. Y detrás del Senado, la idea misma de que los conflictos se resuelven hablando.

EL ANTÍDOTO

Tres reglas prácticas.

Separa la afirmación de quien la hace. Antes de responder, pregúntate si estás refutando lo que se dijo o a quien lo dijo.

Aplica el estándar hacia adentro primero. Si un insulto de los tuyos te parece un exceso comprensible y el mismo insulto del otro lado te parece una infamia, no tienes un principio: tienes un bando.

Sospecha del que solo insulta. Cuando alguien tiene un buen argumento, lo usa. El insulto suele ser la señal de que no lo hay.

Y cierro con una advertencia sobre esta misma serie.

Después de cuatro entregas, tienes nombres para las trampas: la caja china, la infoxicación, el hombre de paja, el ad hominem.

Ese vocabulario también se puede usar mal. Decir «eso es una falacia, típico de ti» es, en sí mismo, un ad hominem con vocabulario técnico.

Estas herramientas no sirven para ganar peleas. Sirven para no ser usado.

Y la primera persona a la que hay que aplicárselas es a uno mismo.

Es todo por ahora, nos seguimos viendo la próxima semana, espero también que puedan indagar por sus propios medios si el tiempo entre el trabajo, la esposa y los hijos se lo permiten.

Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

La entrada EL AD HOMINEM: CUANDO INSULTAR REEMPLAZA A REFUTAR. se publicó primero en Circulando por la Derecha.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habló de un punto de inflexión y descartó visos de recesión. El gobierno respiró. Buena parte de nuestro sector celebró.

Yo voté por este gobierno y quiero que le vaya bien. Precisamente por eso voy a escribir lo que sigue.

Ese número no dice lo que se está diciendo que dice.

QUÉ HAY REALMENTE ADENTRO DEL 2,4%

Cuando uno abre el dato, la historia cambia.

El crecimiento se explicó por minería, servicios y comercio. La producción minera repuntó 6,0%. El cobre hizo el trabajo pesado.

Ahora miremos la economía donde vive la mayoría de los chilenos: el Imacec no minero creció 1,4%. Y la producción manufacturera cayó 3,2% en doce meses.

Es decir: el sector que emplea, que agrega valor y que sostiene cadenas de proveedores sigue contrayéndose. Lo que subió fue el precio y el volumen de un metal que se cotiza en Londres y cuya trayectoria no depende de ningún ministro chileno.

Scotiabank ya advirtió que julio volvería a crecer cerca de cero por efectos de El Niño.

Y aquí está el punto que me importa: atribuirse el cobre es exactamente el vicio que le criticamos a la izquierda durante veinte años. Cuando el superciclo financió la expansión del gasto entre 2004 y 2012, nosotros —con razón— dijimos que eso no era mérito de nadie, que era suerte geológica y demanda china. No podemos cambiar de doctrina ahora que el metal juega a favor.

EL MARCADOR QUE IMPORTA SIGUE EN 9,4%

Este gobierno no se eligió prometiendo Imacec. Se eligió prometiendo empleo, orden y reactivación.

La tasa de desocupación del trimestre abril-junio de 2026 fue 9,4%. Exactamente la misma del trimestre móvil anterior.

El propio Banco Central lo describió sin adornos en su reunión de julio: la creación de empleo se mantiene débil y los costos laborales por hora se aceleraron.

Un desempleo estancado en 9,4% con costos laborales subiendo es la peor combinación posible. Significa que el mercado del trabajo no está absorbiendo gente y que contratar se está encareciendo al mismo tiempo.

Ningún dato de actividad compensa eso. Porque el chileno que perdió la pega no lee el Imacec.

LA VARIABLE QUE SE MOVIÓ AL REVÉS

Aquí está lo más incómodo, y casi nadie lo comentó.

Toda la apuesta de la Ley de Reconstrucción Nacional descansa en una cadena: menos impuesto corporativo y certeza tributaria → más inversión → más empleo → más recaudación.

¿Qué pasó con la inversión?

El Banco Central, en su comunicado de política monetaria de julio, señaló que los indicadores de alta frecuencia sugieren que en el segundo trimestre la inversión se desaceleró más de lo previsto.

Más de lo previsto. En el trimestre en que la reforma se tramitaba y su aprobación era altamente probable.

Seamos justos con el contraargumento, porque existe y es serio: el catastro de la Corporación de Bienes de Capital sigue mostrando un panorama positivo para proyectos de inversión en el período 2026-2029. Los efectos tributarios operan con rezagos largos, y juzgar una reforma aprobada en julio con datos de junio sería un disparate.

De acuerdo. Pero entonces vale la simetría: si es muy temprano para juzgar la reforma, también es muy temprano para celebrar el Imacec.

No se puede pedir paciencia para lo malo y aplauso inmediato para lo bueno.

LA PARTE FISCAL, QUE ES LA MÁS GRAVE

Y llegamos a donde este gobierno tiene su promesa más explícita y su brecha más ancha.

Kast llegó al poder comprometiendo contención del gasto público. Revisemos el marcador.

En mayo, el ministro Quiroz presentó el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre y corrigió el déficit fiscal proyectado para 2026 desde 1,8% del PIB —cifra que calificó de inverosímil— hasta 2,9%, que con medidas de ajuste bajaría a 2,4%.

En el mismo informe detectó que la administración anterior no habría incorporado compromisos de deuda por más de US$10.500 millones para el período 2026-2030. Con esa corrección, la deuda bruta del gobierno central cruzaría el umbral prudencial del 45% del PIB en 2028 y llegaría a 46,5% en 2030.

En junio, el presidente firmó un proyecto para elevar en US$6.200 millones el límite de endeudamiento autorizado para 2026.

Y consultado directamente sobre si el gobierno reconocía que no alcanzaría su meta de presupuesto equilibrado, Quiroz respondió: <cite index=»19-1″>»Obviamente, eso es lo que dicen las cifras»</cite>.

Los decretos de recorte suman más de $130 mil millones repartidos en varios ministerios. Es real, es ordenado y es bastante menos de lo prometido.

Un gobierno que baja el impuesto corporativo mientras sube el techo de la deuda está haciendo economía de oferta a crédito.

Es la apuesta de Reagan en 1981, y conviene recordar cómo terminó esa parte de la historia: la reactivación llegó, y el déficit también.

LA HERENCIA ES REAL, Y TAMBIÉN ES UNA COARTADA

Quiero ser justo, porque la crítica fácil aquí sería tramposa.

La omisión de US$10.500 millones en la proyección de deuda es un hecho documentado, grave, y Hacienda instruyó una investigación administrativa. Si se confirma, es una de las irregularidades fiscales más serias en décadas y merece consecuencias.

Recibir una casa con daño estructural oculto es un problema legítimo y no es culpa del que llega.

Pero.

Toda administración entrante en Chile ha denunciado la herencia de la anterior. Sin excepción, gobierno tras gobierno, desde hace treinta años. Y en algún punto —no sé si a los seis meses, a los doce o a los dieciocho— la herencia deja de ser una explicación y se transforma en una coartada.

Si le exigimos a Boric que dejara de culpar a Piñera, tenemos que ponerle un plazo a este gobierno también. Los estándares que solo aplicamos hacia afuera no son estándares. Son propaganda.

LO QUE EL MODELO TODAVÍA NO RESUELVE

Tres cosas, y ninguna se arregla con la tasa corporativa.

Primero, la productividad. Chile lleva más de una década con crecimiento de productividad prácticamente nulo. La rebaja tributaria mejora el retorno de una inversión, pero no mejora la eficiencia con que se usa el capital una vez invertido. Son problemas distintos y solo uno está siendo atendido.

Segundo, la permisología. Un proyecto puede tener certeza tributaria por veinte años y seguir esperando siete para obtener permisos sectoriales. Ese cuello de botella es administrativo, no impositivo, y es donde un gobierno de derecha puede mostrar resultados sin gastar un peso ni pedirle nada al Congreso.

Tercero, el empleo formal. Bajarle impuestos a la gran empresa no genera empleo en la pyme, que es donde trabaja la mayoría. Con costos laborales por hora acelerándose y desempleo en 9,4%, ese es el frente que está sin estrategia visible.

Nada de esto significa que el modelo esté fracasando. Cinco meses no juzgan a ningún gobierno, y la apuesta tributaria tiene una teoría económica seria detrás.

Significa otra cosa, más simple y más urgente: que todavía no hay resultados que celebrar, y que celebrarlos igual nos deja sin autoridad para exigirlos.

La derecha chilena tiene una ventaja histórica en materia económica: durante décadas fuimos los que mirábamos los números en frío mientras el otro lado miraba las intenciones.

Sería una pena perder eso justo ahora, por la comodidad de aplaudir un dato del cobre.

Este artículo da continuidad al balance de los primeros meses de gobierno publicado en julio.

Es todo por ahora, nos seguimos viendo la próxima semana, espero también que puedan indagar por sus propios medios si el tiempo entre el trabajo, la esposa y los hijos se lo permiten.

Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

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