Llegó prometiendo ser diferente.

Se fue con nota 3,4 — la peor evaluación de cualquier presidente chileno desde el retorno a la democracia en 1990. Peor que Lagos. Peor que Bachelet. Peor que los dos gobiernos de Piñera. El peor de todos.

Eso dice la encuesta Criteria de marzo de 2026, comparando a todos los presidentes del período democrático. Y la encuesta CEP lo confirma: al final del mandato, solo el 22% de los chilenos aprobaba la gestión de Gabriel Boric. La desaprobación llegó a 70% en su peak más oscuro, tras filtrarse la grabación donde el propio Presidente hablaba de controlar los daños del Caso ProCultura.

Esos números no mienten. Son el veredicto de un pueblo que creyó en una promesa y fue traicionado.

Esta serie ha documentado cinco de los escándalos más graves de esa traición. Pero el cuadro completo es aún más extenso, aún más oscuro. Antes del cierre definitivo, es necesario ponerlo todo sobre la mesa.

LOS CINCO PILARES DE ESTA SERIE

A lo largo de estos artículos construimos el expediente más completo disponible en el debate público chileno sobre la corrupción y el abuso de poder del gobierno de Boric. Aquí el resumen ejecutivo de cada caso:

• Artículo 1 — El Caso Convenios. Fundaciones del partido oficialista recibieron fondos públicos a través de convenios fragmentados para evadir la fiscalización de la Contraloría. Monto total investigado: $90 mil millones de pesos. Más de 53 fundaciones en todo el país. El ministro Giorgio Jackson — el guardián moral del Frente Amplio — renunció. Miguel Crispi fue imputado. La tía de Crispi habría presionado para apurar los convenios. El Caso Convenios fue el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de Chile.
• Artículo 2 — El Caso ProCultura. La fundación del amigo psiquiatra del Presidente multiplicó por diez sus contratos con el Estado en el primer año de gobierno de Boric. El dinero para prevención del suicidio fue invertido en un fondo mutuo el mismo día en que se transfirió. La Fiscalía pidió interceptar el teléfono del Presidente. Boric fue grabado diciendo «yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueon con eso». La familia de la víctima del caso tuvo que salir del país por inseguridad.
• Artículo 3 — El Caso Audios. El abogado de los poderosos — el mismo que defendía al jefe de asesores de Boric — reveló en una grabación cómo funciona la corrupción real en Chile: con plata en sobre. La red tocó la Corte Suprema, la PDI y el Segundo Piso de La Moneda. Cinco ministros de la Corte Suprema perdieron sus cargos en poco más de un año. Miguel Crispi había tratado de «tío» al abogado imputado. Chile no lo había visto igual.
• Artículo 4 — El Caso Ronald Ojeda. Un refugiado político venezolano al que el Estado chileno le prometió protección fue secuestrado, torturado, asesinado y enterrado bajo cemento en Santiago. La orden vino desde el régimen de Maduro. El ejecutor fue el Tren de Aragua — la misma banda que se instaló en Chile mientras el entonces candidato Boric decía que los inmigrantes irregulares debían ser «acogidos como iguales». El gobierno respondió con palabras. Venezuela respondió con burlas.
• Artículo 5 — El Caso Monsalve. El Subsecretario del Interior — el hombre a cargo de la seguridad pública del país — fue denunciado por violación por una funcionaria de su propia repartición. Boric supo el martes. Esperó hasta el jueves para pedir su renuncia — y solo lo hizo porque la prensa publicó la denuncia. El gobierno que se declaraba feminista tardó 48 horas en separar del cargo a un imputado por violación. Crispi y Durán lo supieron antes que la ministra de la Mujer.

LA LISTA COMPLETA: TODOS LOS ESCÁNDALOS DEL GOBIERNO BORIC

Más allá de los cinco casos de esta serie, el gobierno de Boric acumuló una galería de vergüenzas que ningún articulista podría inventar. Aquí el registro completo:

Corrupción y desvío de fondos

• Caso Convenios / Fundación Democracia Viva — $90 mil millones investigados, 53 fundaciones comprometidas
• Caso ProCultura — $6.000 millones, amigo del Presidente formalizado por fraude al fisco
• Compra de la Casa de Allende — $993 millones pagados a colaboradora directa de Boric; denuncia por fraude al fisco ante la Fiscalía
• Fundación EnRed Social — $1.060 millones; allanamiento al Ministerio de Vivienda por falta de colaboración con la Fiscalía
• Fundación Horizonte Ciudadano (de Bachelet) — $379 millones investigados
• Seremi de Vivienda del Maule — $577 millones en contratos con ONG donde el propio seremi había trabajado
• Subsecretaria de Culturas Andrea Gutiérrez — convenios con fundación donde ella era directora antes de asumir
• Seremi Metropolitana de Cultura — sumario por convenios irregulares.

Abuso de poder e impunidad

• Caso Audios / Hermosilla — red de soborno, cohecho y tráfico de influencias que tocó la Corte Suprema, la PDI y el Segundo Piso de La Moneda
• Caso Monsalve — subsecretario del Interior imputado por violación; gobierno tardó 48 horas en actuar
• Crispi: reunión en Cerro Castillo con diputada imputada Catalina Pérez antes de su desafuero
• Crispi: reunión con representante de Huawei a pedido del abogado Hermosilla, semanas antes del viaje de Boric a China
• Crispi: imputado en el Caso Convenios; declaró ante la Fiscalía
• Ministros del gobierno en reuniones con grupos de interés en casa de un alcalde opositor, sin registro en plataforma de lobby

Seguridad y crimen organizado

• Asesinato del teniente Ronald Ojeda — crimen político transnacional en suelo chileno; gobierno no tomó medidas drásticas
• Asesinato del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez — vinculado al Tren de Aragua
• Expansión del Tren de Aragua durante el gobierno — de Arica a Santiago, con secuestros, trata de personas y homicidios
• Nota 2,7 en lucha contra la delincuencia — la peor evaluación en todas las áreas medidas

Política exterior y torpezas diplomáticas

• Indultos a presos del estallido — algunos con antecedentes por homicidio frustrado, lanzamiento de molotov e incendio; varios reincidieron tras quedar libres
• Exclusión de Israel de la Feria FIDAE — daño a relaciones bilaterales y contratos de armamento
• Negativa a recibir cartas credenciales del embajador israelí en La Moneda
• Filtración de audio de cancillería insultando al canciller de Argentina Bielsa durante cumbre de la CELAC
• Intento fallido de nueva Constitución — dos plebiscitos perdidos, cientos de millones gastados, resultado: cero
• Relaciones con Venezuela: ruptura diplomática tras negarse a reconocer fraude electoral, luego ministerio de Justicia ofrece reanudar relaciones sin condiciones.

Errores e «autogoles»

• Ceremonia de asunción con minutos de retraso — Boric culpó al rey de España
• Pensiones de gracia irregulares
• Plan educacional del Mineduc con bajo cumplimiento y recorte de presupuesto
• Propuesta de reforma tributaria rechazada por el Congreso
• Dos propuestas constitucionales rechazadas en plebiscito.

EL NÚMERO QUE LO RESUME TODO

El 72% de los encuestados considera que durante el gobierno de Boric la corrupción aumentó — la peor evaluación en ese ítem de los últimos 25 años.

El gobierno de los «puros», los «jóvenes redentores» que llegaron a limpiar la política, obtuvo la peor evaluación en probidad, integridad y transparencia de todos los gobiernos desde Ricardo Lagos.

En comparación con todos los presidentes desde 1990, Boric termina último: nota 3,4. Piñera obtuvo 5,2. Aylwin 4,3. Bachelet 4,2. Frei 4,0. Lagos 3,9.

Y en seguridad pública — el área donde su gobierno más prometió y más falló — la ciudadanía le asignó nota 2,7. Rojo. Rojo profundo.

EL PATRÓN QUE NADIE PUEDE NEGAR

Cinco artículos. Decenas de casos. Un solo patrón.

El gobierno de Boric no falló por inexperiencia. No falló por mala suerte. Falló porque llegó al poder con una superioridad moral que le impidió aplicarse a sí mismo los estándares que exigía a los demás.

Cuando la plata pública estaba disponible, sus militantes la usaron para sus fundaciones.

Cuando el amigo del Presidente necesitaba contratos, los contratos llegaron.

Cuando el abogado del crimen organizado tenía acceso al Segundo Piso, nadie lo cuestionó.

Cuando un disidente venezolano necesitaba protección real, no solo palabras, el Estado no estuvo.

Cuando una funcionaria denunció una violación, el gobierno esperó a que la prensa publicara la noticia antes de actuar.

En todos y cada uno de estos casos, el patrón fue el mismo: el poder protege al poder. La única diferencia con la «vieja política» que tanto despreciaban es que ellos se creían mejores. Y esa diferencia — esa soberbia — los hizo peores.

LO QUE CHILE DEBE EXIGIR

Esta serie no se escribió solo para denunciar. Se escribió para que los chilenos tengan memoria.

Porque Boric y varios de sus colaboradores van a querer volver. Van a querer reeditar su historia como la de jóvenes idealistas a quienes «la derecha y los poderes fácticos» impidieron gobernar. Van a intentar reescribir su legado.

No lo permitamos.

El legado real del gobierno de Boric está escrito en los expedientes judiciales, en las carpetas de la Fiscalía, en los testimonios de las víctimas, en las notas de las encuestas y en la memoria de los chilenos que los creyeron.

Ese legado tiene nombre:

Nota 3,4. El peor desde 1990.

$90 mil millones desviados. 53 fundaciones investigadas. Cinco ministros de la Corte Suprema removidos. Un refugiado político asesinado en Santiago. Un subsecretario imputado por violación que siguió en el cargo 48 horas más. Un Presidente grabado intentando controlar daños mientras un amigo le robaba al Estado.

Eso fue el gobierno de Boric.

Eso es lo que no debemos olvidar.

Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, así como la distracción constante, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

La entrada EL LEGADO DE LA VERGÜENZA: BALANCE FINAL DEL GOBIERNO MÁS CORRUPTO DESDE EL RETORNO A LA DEMOCRACIA se publicó primero en Circulando por la Derecha.

El gobierno de Gabriel Boric llegó al poder con un sello que lo distinguía de todos sus predecesores: se declaró abierta y orgullosamente feminista. No era solo una postura: era una identidad. Gabinete paritario. Ministerio de la Mujer activo. Protocolo de violencia de género aplicado con rigor declarado. Discurso permanente sobre el respeto a las víctimas, la credibilidad de las denunciantes y la tolerancia cero ante el abuso de poder.

El 15 de octubre de 2024, ese discurso quedó en cenizas.

Ese martes, el Presidente Gabriel Boric fue informado de que su Subsecretario del Interior — el segundo hombre en la cadena de mando de la seguridad pública, el rostro civil del combate a la delincuencia, una de las figuras mejor evaluadas de su gobierno — era el imputado de una denuncia por violación interpuesta por una funcionaria de su propia repartición.

Boric lo supo el martes 15 de octubre.

La denuncia se hizo pública el jueves 17 de octubre.

En esas 48 horas, el gobierno tomó una decisión que lo define mejor que cualquier discurso feminista: no pidió la renuncia inmediata. Le dio tiempo al denunciado para viajar al sur a avisar a su familia. Y mantuvo a un imputado por violación al mando de la PDI y Carabineros de Chile.

LOS HECHOS: LO QUE LA INVESTIGACIÓN REVELÓ

El 22 de septiembre de 2024, Manuel Monsalve, entonces Subsecretario del Interior, salió a almorzar con una funcionaria de su repartición en un restaurante de comida peruana en Santiago. Bebieron. Según el relato de la denunciante, al terminar la noche no recuerda cómo llegó al hotel donde habitualmente se alojaba el subsecretario en la capital. Despertó al día siguiente desnuda, con manchas de sangre en su ropa, sin recuerdos claros de lo ocurrido.

Cuando preguntó a Monsalve qué había pasado, él respondió que tampoco recordaba mucho — que al parecer hubo un incidente en el taxi en que ella habría intentado huir.

El 14 de octubre, la mujer formalizó su denuncia ante la Fiscalía. La causa quedó a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Al día siguiente, martes 15, la ministra del Interior Carolina Tohá informó al Presidente. Boric y Monsalve se reunieron a solas esa noche. Según el propio Boric en su declaración judicial posterior, el subsecretario le dijo que tras el segundo pisco sour ya no recordaba nada y que despertó con la funcionaria en la cama de su hotel.

La decisión presidencial tras esa reunión: permitirle a Monsalve viajar a la Región del Biobío a avisar a su familia. Sin renuncia inmediata. Sin separación del cargo.

LAS 48 HORAS QUE LO DICEN TODO

El elemento más revelador del Caso Monsalve no es solo la denuncia — es lo que el gobierno hizo con esa información durante dos días.

Boric sabía. Tohá sabía. Y el Presidente tomó la decisión de no actuar de inmediato con dos personas más: su jefe de asesores Miguel Crispi y su jefe de gabinete Carlos Durán — los mismos hombres del Segundo Piso que ya habían estado en el centro de otros escándalos de este gobierno. Ambos fueron informados ese mismo martes 15, antes que el resto del comité político — antes que la ministra de la Mujer, antes que la vocera, antes que los ministros de la coalición.

La decisión de no pedir la renuncia inmediata de Monsalve fue conversada y avalada por ese círculo íntimo.

Durante 48 horas, el hombre denunciado por violación siguió siendo el jefe civil de Carabineros y la PDI. Las mismas instituciones que deben investigar delitos sexuales. Las mismas instituciones con las que el subsecretario tenía, como él mismo reconoció al renunciar, «una relación directa y cotidiana».

La renuncia se concretó recién el jueves 17, cuando el diario La Segunda publicó la noticia y la hizo pública. La pregunta que el gobierno nunca respondió satisfactoriamente: ¿habría renunciado Monsalve si el periódico no hubiera publicado nada?

EL DOBLE ESTÁNDAR FEMINISTA

La reacción del gobierno ante el escándalo fue un manual del doble estándar.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, salió a decir que «las víctimas tienen todas las garantías de que van a poder llevar un juicio en el que no se les revictimice» — sin mencionar que ella se enteró de la denuncia por los diarios, no por el Presidente. La diputada Camila Flores (RN) fue directa: «La ministra para algo está: para aplicar el protocolo de violencia de género. Esto es un doble estándar inaceptable.»

Porque en efecto: el mismo gobierno que había proclamado la credibilidad automática de las denunciantes, que había aplicado protocolos de género con rapidez cuando el acusado era alguien de la oposición o el mundo privado, tardó 48 horas en separar del cargo al denunciado cuando el acusado era uno de los suyos.

El feminismo del gobierno de Boric resultó ser de cristal: resistente cuando conviene, frágil cuando incomoda.

BORIC: 53 MINUTOS DE CONTRADICCIONES

El viernes 18 de octubre — un día después de que la renuncia se hiciera pública — Boric fue a una actividad en Lampa. Respondió preguntas de la prensa durante 53 minutos sobre el caso Monsalve. Sus asesores Crispi y Durán avalaron esa decisión, con la idea de demostrar que el Presidente no tenía nada que ocultar.

Fue un desastre.

En 53 minutos de declaraciones, el relato de La Moneda comenzó a mostrar inconsistencias. ¿Cuándo supo exactamente? ¿Quién tomó la decisión de no pedir la renuncia inmediata? ¿Por qué Crispi y Durán sabían antes que los ministros del comité político? ¿Cuánto influyó la publicación de La Segunda en los tiempos?

Las preguntas acumuladas llevaron a que meses después el propio Presidente tuviera que declarar ante el fiscal Xavier Armendáriz, en el marco de una investigación que también indagó la posibilidad de que hubiera omisión de denuncia por parte de funcionarios del gobierno que se enteraron antes que la Fiscalía.

El hombre que se postula ante la historia como el presidente más transparente y progresista de Chile tuvo que ir a declarar ante un fiscal por un caso de posible encubrimiento de violación protagonizado por su propio subsecretario.

EL NUDO CRISPI: UNA VEZ MÁS EN EL CENTRO

El Caso Monsalve tiene otra capa que no puede ignorarse: Miguel Crispi aparece una vez más como figura central.

El mismo jefe de asesores que estuvo en el centro del Caso Convenios, que contrató al abogado Hermosilla del Caso Audios, que se reunió en Cerro Castillo con la diputada imputada Catalina Pérez, fue el primero en ser informado por el Presidente de la denuncia por violación contra Monsalve — antes que los propios ministros del gabinete. Y fue parte de la decisión de no actuar de inmediato.

La oposición fue contundente. El diputado Andrés Longton (RN) lo planteó sin rodeos: «Acá perfectamente podría haber habido un pacto de silencio para proteger al exsubsecretario y los resultados electorales, y no a la denunciante.»

Nadie en el gobierno refutó esa hipótesis con hechos. Solo con palabras.

ESTADO DEL CASO: IMPUTADO Y EN LIBERTAD

Manuel Monsalve fue formalizado como imputado por violación y abuso sexual. Enfrenta una investigación en curso. Al momento de publicación de este artículo, sigue en libertad.

La Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado también se hicieron parte de las investigaciones paralelas sobre la gestión interna del caso en La Moneda.

La víctima — una funcionaria que trabajaba bajo las órdenes directas del imputado — sigue esperando justicia.

CONCLUSIÓN: EL PODER PROTEGE AL PODER

Los cinco artículos de esta serie han documentado distintas formas de corrupción y abuso durante el gobierno de Boric: el robo sistemático de fondos públicos, la red de favores que alcanzó al círculo íntimo del Presidente, la colusión con el Poder Judicial, el fracaso ante el crimen organizado transnacional. Todas son graves. Todas merecen ser contadas.

Pero el Caso Monsalve tiene una dimensión adicional, quizás la más hipócrita de todas: aquí el gobierno no solo falló en sus obligaciones — falló en los valores que proclama como su razón de ser.

Un gobierno que se define feminista tuvo en sus manos una denuncia de violación contra uno de los suyos, y lo primero que hizo fue dejarle tiempo para hablar con su familia. Un gobierno que dice creer en las víctimas informó a sus asesores políticos antes que a la ministra de la Mujer. Un gobierno que prometió tolerancia cero al abuso de poder tardó 48 horas en separar del cargo al imputado — y solo lo hizo cuando la prensa lo obligó.

En Chile existe un dicho: el que tiene padrinos se bautiza.

En el gobierno de Boric, los padrinos se llaman Crispi y Durán. Y el bautizo de Monsalve duró exactamente 48 horas.

Próxima entrega — Serie Corrupción Boric: Artículo Final: El balance — cinco escándalos, un patrón, y lo que Chile debe exigir.

Circulando por la Derecha es un blog de opinión política republicana. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.

Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, así como la distracción constante, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

La entrada EL FEMINISMO DE CRISTAL: EL CASO MONSALVE Y LO QUE BORIC SABÍA se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Los tres artículos anteriores de esta serie documentaron cómo el gobierno de Boric saqueó el erario público a través de fundaciones amigas, cómo esa red alcanzó al círculo íntimo del Presidente, y cómo el abogado de su jefe de asesores era el centro de una red de tráfico de influencias que corrompió la Corte Suprema y la PDI.

Este artículo es diferente.

Este no habla de plata robada. Habla de una vida. La de Ronald Ojeda Moreno, 32 años, teniente venezolano, refugiado político en Chile, opositor al régimen de Nicolás Maduro. Un hombre que huyó de una dictadura buscando seguridad en nuestro país. Un hombre al que Chile le concedió asilo. Un hombre que terminó secuestrado en la madrugada, torturado, asesinado y enterrado bajo cemento en una maleta en la comuna de Maipú.

Que esto ocurriera en Chile — en Santiago, en un edificio residencial, en pleno siglo XXI — es la imagen más brutal de lo que ha costado años de ingenuidad, demagogia y negligencia en materia de seguridad y migración.

LA NOCHE DEL 21 DE FEBRERO DE 2024

A las 5 de la madrugada del 21 de febrero de 2024, un grupo de sujetos llegó al edificio de la calle Dorsal, en la comuna de Independencia, donde vivía Ronald Ojeda junto a su esposa e hijo. Vestían uniformes de la PDI. Portaban armas y chalecos. Cubrían sus rostros.

Lo sacaron semidesnudo, maniatado, a la fuerza. Las cámaras de seguridad del edificio grabaron todo.

Diez días después, el 2 de marzo, el Ministerio de Defensa encontró su cuerpo en la toma «Santa Marta» de Maipú. Con claras señales de tortura. Enterrado en una maleta. A 1,4 metros de profundidad. Cubierto por cemento.

A 23 kilómetros de su hogar.

El fiscal Héctor Barros fue categórico: detrás del crimen estaba el Tren de Aragua, contratado como sicarios para ejecutar una misión de motivación política. La orden, según la investigación, habría venido directamente desde Venezuela — desde el entorno del número dos del régimen, Diosdado Cabello, ejecutada a través del líder criminal conocido como «el Niño Guerrero». Un coronel del régimen, Alexander Granko Arteaga, habría liderado personalmente la operación: hay sospechas fundadas de que fue él quien sostuvo el cuello de Ojeda en las imágenes.

«Acá hubo una contratación del Tren de Aragua para efectos de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. La preparación que vimos nunca se vio en otras actuaciones del Tren de Aragua», declaró el fiscal Barros. «El Tren de Aragua nunca actuó así: disfrazados de policías, y darse el trabajo de enterrarlo a 1,40 metros bajo cemento.»

Una dictadura extranjera ejecutó a un disidente político en suelo chileno. Con una banda criminal transnacional como instrumento. En la capital del país.

QUIÉN ERA RONALD OJEDA Y POR QUÉ ESTABA EN CHILE

Ronald Ojeda nació en Maracay en 1991. Ingresó a la Academia Militar venezolana en 2008 y se graduó como teniente de infantería. Participó en acciones de resistencia contra el chavismo, fue acusado de rebelión y traición por el régimen de Maduro, y huyó del país. En 2018 llegó a Chile. En 2022 se manifestó frente al Palacio de La Moneda exigiendo libertad para los presos políticos venezolanos. En 2023, el gobierno de Boric le concedió asilo político formal.

En 2024, Maduro lo declaró traidor a la patria. Semanas después, estaba muerto y enterrado bajo cemento en Santiago.

La ironía más cruel: fue el propio Estado chileno quien le garantizó protección oficial. Y ese mismo Estado no fue capaz de protegerlo.

EL TREN DE ARAGUA: LO QUE BORIC NO QUISO VER A TIEMPO

El Tren de Aragua no llegó a Chile de la noche a la mañana. Según InSight Crime, la banda expandió su influencia en Chile desde 2021, con actividades documentadas en Arica, Tarapacá y Santiago. Secuestros, trata de personas, extorsión, sicariato.

¿Qué decía el entonces candidato Boric sobre los migrantes irregulares en 2021, mientras la banda se instalaba?

«No tengo problemas con los inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son.»

La generosidad ideológica tiene un costo. Y en este caso, lo pagaron los chilenos más vulnerables — los que viven en los barrios donde el Tren de Aragua hizo su negocio — y personas como Ronald Ojeda, que creyeron que Chile era un país capaz de protegerlos.

Para cuando el gobierno quiso reaccionar, ya era tarde. Boric fue girando su discurso 180 grados a medida que la realidad lo obligaba: de «acogerlos como iguales» en 2021, a declarar en septiembre de 2024 que «Chile no está en condiciones de aceptar más inmigrantes» de Venezuela. La zanja que él mismo había criticado cuando la propuso la derecha, la terminó construyendo su gobierno. El muro digital de vigilancia fronteriza, también.

El problema es que los giros discursivos no devuelven la vida a Ronald Ojeda.

LA RESPUESTA: PALABRAS FUERTES, ACCIONES DÉBILES

Tras conocerse el crimen, Boric lo calificó de «caso gravísimo». Llamó a consultas a su embajador en Venezuela. Exigió colaboración para la extradición de los sospechosos. Criticó a Venezuela por «desconocer la existencia del Tren de Aragua», calificando las declaraciones del canciller venezolano de «grave insulto a las víctimas».

Todo correcto en el diagnóstico. Todo insuficiente en la acción.

Venezuela se negó sistemáticamente a colaborar con las extradiciones. El gobierno venezolano obstaculizó activamente el traslado de al menos uno de los imputados capturados en Colombia. El régimen de Maduro expulsó a los embajadores de siete países latinoamericanos — incluyendo Chile — cuando Boric se negó a reconocer los fraudulentos resultados electorales de 2024.

Y entonces ocurrió lo impensable: el ministro de Justicia del propio gobierno, Jaime Gajardo, declaró públicamente que Chile estaba «disponible para retomar las relaciones bilaterales con Venezuela». El régimen de Maduro — el mismo que ordenó el asesinato de un refugiado político en Santiago — respondió con burla desde la televisión chavista: «Pobre gente… hace tres o cuatro semanas estaban hablando pendejadas de nosotros y ahora…»

La dictadura que mató a Ronald Ojeda en suelo chileno recibió una señal de que Chile estaba dispuesto a normalizar relaciones. Ese es el resultado concreto de la política exterior de este gobierno.

LAS CONSECUENCIAS QUE NADIE QUIERE NOMBRAR

El caso Ojeda no es un episodio aislado. Es la punta visible de un iceberg:

En enero de 2024, más de 7.300 extranjeros se encontraban recluidos en cárceles chilenas — el 14% del total de la población penal. Una cifra que habla de una crisis de seguridad con dimensión migratoria innegable.

La familia de Ronald Ojeda, después del asesinato, abandonó Chile y se fue a Argentina por inseguridad y alto riesgo. El país que le dio asilo no pudo ni garantizar la seguridad de su viuda e hijo.

Una encuesta de diciembre de 2024 mostró que el 77% de los chilenos considera que la migración es negativa para el país, el 87% apoya mayores restricciones y el 71% cree que quienes ingresaron irregularmente deberían ser expulsados. Esos números no son xenofobia: son el resultado acumulado de años de política migratoria que privilegió el discurso de la bienvenida por sobre la gestión real de los flujos y la seguridad de los chilenos.

CONCLUSIÓN: EL PRECIO DE LA DEMAGOGIA

Este artículo se titula diferente a los anteriores porque la naturaleza del crimen es diferente. No hubo corrupción económica. No hubo fundaciones que se llenaron los bolsillos con plata fiscal. Lo que hubo fue algo peor: la consecuencia letal de un gobierno que llegó al poder con un discurso de puertas abiertas, que miró hacia otro lado mientras el crimen organizado transnacional se instalaba en Chile, y que cuando la realidad lo obligó a cambiar, lo hizo demasiado tarde y con demasiada timidez.

Ronald Ojeda llegó a Chile huyendo de una dictadura. El Estado chileno le prometió protección. No pudo cumplirla. Y cuando el crimen fue cometido, el mismo gobierno que lo dejó expuesto prefirió pedir palabras de extradición que nunca llegaron, en vez de tomar las medidas drásticas que la situación exigía — ruptura de relaciones diplomáticas, cierre de fronteras a ciudadanos venezolanos sin documentación, expulsión masiva de quienes tuvieran vínculos con el crimen organizado.

La oposición lo pidió. Evelyn Matthei lo dijo sin ambages: «No podemos permitir que entre un venezolano más.» Boric respondió con la distinción habitual: que no hay que estigmatizar a los migrantes, que la mayoría son personas trabajadoras y honestas.

Tiene razón en lo segundo. Pero esa razón no le sirve de nada a la viuda de Ronald Ojeda, que tuvo que irse del país porque el Estado que protegió a su marido en el papel no pudo protegerlo en la realidad.

Hay una palabra para eso. Se llama fracaso.

Próxima entrega — Serie Corrupción Boric: El Caso Monsalve: el Subsecretario del Interior, la denuncia de violación, y lo que el Presidente sabía.

Circulando por la Derecha es un blog de opinión política republicana. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.

Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, así como la distracción constante, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

La entrada ENTERRADO BAJO CEMENTO: EL CASO OJEDA Y EL PRECIO DE LA INGENUIDAD MIGRATORIA DE BORIC se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Los dos artículos anteriores de esta serie describieron cómo militantes del Frente Amplio desviaron fondos públicos a través de fundaciones amigas — el Caso Convenios — y cómo esa red alcanzó el círculo íntimo del propio Presidente — el Caso ProCultura. Pero había una tercera capa todavía más profunda, todavía más obscena, esperando ser descubierta.

En noviembre de 2023, el medio de investigación CIPER publicó la transcripción de un audio que sacudió los cimientos del país. En esa grabación, uno de los abogados penalistas más prestigiosos de Chile — el hombre que los poderosos llamaban cuando tenían problemas, el que se paseaba por los pasillos de los tribunales como Pedro por su casa — le explicaba sin ningún pudor a uno de sus clientes cómo funcionaba el sistema real:

«Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta huevá se arregla con plata que se pasan en un sobre.»

Así hablaba Luis Hermosilla. El abogado de los ministros, de los jueces, de los fiscales, de los empresarios, del Segundo Piso del gobierno de Boric. El hombre que no era de izquierda ni de derecha — era de todos — porque todos lo necesitaban para solucionar sus problemas.

El Caso Audios no es solo un escándalo más. Es el manual de operaciones de una clase privilegiada que convirtió a Chile en su feudo privado.

QUIÉN ES LUIS HERMOSILLA: EL HOMBRE QUE LO CONECTABA TODO

Hermosilla era lo que en el mundo judicial se llama un operador. No solo ganaba juicios: los arreglaba. No solo conocía a los jueces: los manejaba. No solo asesoraba a sus clientes: les garantizaba resultados.

Su cartera era un mapa del poder chileno sin distinción política:

Durante el gobierno de Piñera, defendió a los ministros Chadwick, Cecilia Pérez, Baldo Prokurica, Gloria Hutt y Mario Desbordes. Fue socio personal de Chadwick. Coordinó con fiscales y el jefe de la PDI para proteger causas que afectaban al entorno presidencial.

Durante el gobierno de Boric, era el abogado defensor de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda — el hombre más cercano al Presidente en el día a día de La Moneda. El vínculo era íntimo: Crispi era amigo cercano del hijo de Hermosilla, Juan Cristóbal, y trataba al abogado de «tío».

Hermosilla era transversal porque la corrupción es transversal. No tiene color político. Tiene precio.

LA RED: JUECES, FISCALES Y LA PDI AL SERVICIO DE UN ABOGADO

Lo que CIPER y la investigación judicial fueron revelando es que Hermosilla no solo era un buen abogado — era el centro de una red de tráfico de influencias que penetró las instituciones más importantes del país.

En la Corte Suprema:

La ministra Ángela Vivanco intercambiaba favores con Hermosilla de manera sistemática. Le compartía información reservada sobre recursos judiciales que aún no eran públicos, le consultaba sobre nombramientos, y coordinaron esfuerzos para bloquear la candidatura de una postulante a la Corte Suprema y respaldar a otros. Su pareja además le ofreció a un fiscal regional un doctorado y una jefatura a cambio de favores en pleno proceso de elección del Fiscal Nacional.

El ministro Jean Pierre Matus quedó en evidencia cuando se publicaron sus mensajes a Hermosilla: apenas cuatro días después de su nombramiento en la Corte Suprema, le escribió al abogado: «Se me había olvidado darte las gracias por todo. Nunca es tarde. ¡Muchas gracias y un abrazo!». Hermosilla respondió que habían tenido que «dar una pelea feroz» para lograr el nombramiento. Los mensajes hablan solos.

El resultado: en poco más de un año, cinco jueces de la Corte Suprema fueron separados de sus cargos como consecuencia directa o indirecta del Caso Audios — una crisis sin precedentes en la historia del Poder Judicial chileno.

En la PDI:

Apenas 13 días después de que Sergio Muñoz asumió la máxima jefatura de la PDI, comenzó a filtrar antecedentes reservados a Luis Hermosilla. Le enviaba requerimientos de la Fiscalía, le avisaba cuándo alguien sería citado a declarar y le adelantaba la información que sus funcionarios debían pesquisar en casos delicados. El abogado recibía en su celular información reservada antes de que la policía ejecutara los requerimientos del Ministerio Público. Doce filtraciones documentadas. Investigaciones enteras potencialmente comprometidas. El jefe de la policía de investigaciones al servicio de un abogado privado.

EL SEGUNDO PISO Y EL NUDO CRISPI

Aquí entra el gobierno de Boric de manera directa e innegable.

Miguel Crispi — el hombre designado por Boric para prevenir y controlar las crisis que pudieran afectar al Presidente — tenía como abogado defensor en el Caso Convenios al mismo Luis Hermosilla. No a otro abogado. Al abogado que hoy está en prisión preventiva acusado de soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.

Cuando estalló el Caso Audios y Hermosilla quedó expuesto, Crispi tuvo que despedirlo apresuradamente y contratar otro abogado. Pero el vínculo quedó grabado en el expediente y en la memoria pública.

Lo que siguió fue una acumulación de polémicas que convirtió a Crispi en el símbolo de la impunidad del gobierno:

Recibió en su calidad de jefe de asesores de La Moneda a un representante de Huawei, a pedido directo de Hermosilla, semanas antes de la gira de Boric a China — viaje en que la ministra Camila Vallejo firmó un memorándum con la empresa. La reunión quedó documentada en el expediente judicial.

Se reunió reservadamente en Cerro Castillo con la diputada Catalina Pérez — imputada en el Caso Convenios — antes de su desafuero.

Fue imputado en el Caso Convenios, declaró ante la Fiscalía, y el propio ex Seremi Contreras lo acusó de haber omitido información al Presidente Boric sobre el estallido del escándalo.

Cuando fue citado a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, repitió como mantra: «Mis conversaciones con el Presidente son reservadas». La Contraloría debió intervenir para obligarlo a comparecer. Nunca entregó la información requerida.

La Contraloría fue clara: todos los funcionarios públicos tienen la obligación de comparecer y aportar antecedentes. Crispi se negó igual.

Finalmente, en marzo de 2025, tras acumularse demasiadas presiones — incluyendo el pedido público de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, pidiendo su salida — Crispi renunció al cargo. El hombre designado para evitar las crisis terminó siendo la crisis misma.

LA REACCIÓN DE BORIC: APLAUDIR LO QUE LO SALPICA

La conducta del Presidente frente al Caso Audios merece párrafo aparte.

Cuando Hermosilla fue enviado a prisión preventiva, Boric salió a declarar ante las cámaras: «Acaban de enviar a la cárcel a un señor que se creía todopoderoso». Se regodeó públicamente con la caída del abogado — el mismo abogado que hasta semanas antes defendía a su hombre de máxima confianza en La Moneda.

El hermano y defensor de Hermosilla, Juan Pablo, respondió con una acusación demoledora: lo que el Presidente hizo era «absolutamente inapropiado, inconstitucional», e instó a abrir el celular de su hermano para que el país viera «qué ministros le pedían favores».

El gobierno — el mismo gobierno que aplaudía la caída de Hermosilla — tuvo que ordenar de urgencia que todos sus ministros y asesores revisaran sus conversaciones con el abogado. La instrucción no era nueva: ya se había dado el año anterior, cuando estalló el Caso Convenios, porque Hermosilla también había defendido a Crispi en esa causa.

Un gobierno que aplaude la caída de un hombre que defendía a su propio jefe de asesores, que tenía acceso al Segundo Piso, que se reunió con su gente a pedido de empresas chinas con intereses en el Estado. Eso es lo que Boric llama «Estado de derecho sin ciudadanos de primera y segunda clase».

EL DAÑO INSTITUCIONAL: SIN PRECEDENTES

El Caso Audios no derribó solo a Hermosilla. Derrumbó instituciones enteras:

• La Corte Suprema perdió cinco ministros en el plazo de poco más de un año — una sangría sin paralelo en la historia judicial chilena. Vivanco fue removida por unanimidad. Matus quedó marcado para siempre por su mensaje de agradecimiento. Sergio Muñoz fue destituido por el Congreso. La credibilidad del máximo tribunal quedó en ruinas.
• La PDI quedó manchada por las filtraciones de su ex jefe a un abogado privado.
• La Fiscalía quedó bajo sospecha de tener sus propios vínculos con Hermosilla — su defensor llegó a pedir que se revisaran los chats del abogado para ver «qué fiscales le pedían favores».

Y en medio de todo esto, el gobierno que debía velar por la institucionalidad tenía como su hombre más cercano al Presidente a alguien que usó al mismo abogado de toda esta red de corrupción para que lo defendiera en otro escándalo paralelo.

CONCLUSIÓN: EL SISTEMA ERA TODOS

El Caso Audios expuso algo que muchos sospechaban pero pocos querían confirmar: que en Chile existía — y probablemente sigue existiendo — una clase de intocables que operan por encima de la ley, que usan las instituciones como herramientas privadas, y que cruzan el espectro político completo de derecha a izquierda sin distinción.

Hermosilla no era el problema. Hermosilla era el síntoma. El problema es el sistema que lo hizo posible, que lo alimentó durante décadas, que le abrió las puertas de los tribunales, de los cuarteles de la PDI, de los despachos ministeriales y del mismísimo Segundo Piso de La Moneda.

El gobierno de los «nuevos políticos» no solo no limpió ese sistema. Lo usó. Lo contrató. Lo llamó «tío».

Y cuando el sistema explotó, salió a aplaudir frente a las cámaras.

Próxima entrega — Serie Corrupción Boric:

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Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, así como la distracción constante, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

La entrada EL SEÑOR DE LOS PASILLOS: EL CASO AUDIOS Y LA PODREDUMBRE QUE LLEGÓ A LA CORTE SUPREMA se publicó primero en Circulando por la Derecha.

En el artículo anterior de esta serie vimos cómo los militantes de Revolución Democrática construyeron una red de fundaciones para saquear el erario público. Ese fue el Caso Convenios: masivo, sistémico, devastador para la imagen del gobierno. Pero había algo peor esperando. Algo que ya no involucra a los militantes de base ni a los operadores del partido. Algo que involucra directamente al hombre que vive en el Palacio de La Moneda.

El Caso ProCultura no es solo otro escándalo de fundaciones. Es el escándalo del amigo del Presidente. El escándalo que le llegó tan cerca a Gabriel Boric que la Fiscalía intentó pincharle el teléfono. El escándalo que lo tiene diciéndole a sus amigos, en conversaciones grabadas por la PDI, que «jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota». El escándalo que él mismo no puede negar, porque en sus propias palabras reconoce que era cercano: «yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueon con eso».

Eso fue lo que dijo el Presidente de Chile cuando creyó que nadie lo escuchaba.

EL AMIGO PSIQUIATRA Y LA FUNDACIÓN MILLONARIA

Alberto Larraín es psiquiatra. Conoció a Boric cuando este era diputado por Magallanes, en el contexto de un trabajo en salud mental. Cuando Boric hizo público que sufría de Trastorno Obsesivo Compulsivo, Larraín coordinó la respuesta técnica de una bancada transversal del Congreso. La amistad creció. La confianza también.

Larraín era cofundador de la Fundación ProCultura, creada en 2010, dedicada originalmente al rescate del patrimonio y la identidad cultural. Una fundación pequeña, discreta, con ingresos modestos. Hasta que su amigo llegó al poder.

Los números cuentan la historia mejor que cualquier discurso:

• 2021 (año antes de que Boric asumiera): ProCultura recibió $316 millones en convenios con el Estado.
• 2022 (primer año de gobierno Boric): $3.282 millones.
• 2023 (segundo año de gobierno Boric): $1.808 millones.

En un solo año, los ingresos estatales de la fundación del amigo del Presidente se multiplicaron por diez. Sin licitación pública. Sin experiencia acreditada en muchos de los proyectos adjudicados. Sin concurso de ningún tipo. Solo con la magia de ser amigo del hombre que llegó al poder prometiendo probidad.

LA MECÁNICA DEL FRAUDE

El caso emblemático investigado es el convenio con el Gobierno Regional Metropolitano — presidido por el gobernador Claudio Orrego — para financiar el programa «Quédate», de prevención del suicidio. El monto: $1.683.788.000 de pesos. Casi 1.700 millones de pesos entregados a una fundación sin experiencia previa en salud mental.

La adjudicación fue directa, sin licitación. El mismo mes en que Orrego nombró a Larraín en la Corporación de Desarrollo que él presidía, el Consejo Regional aprobó el traspaso millonario a ProCultura. Veintiún días después del nombramiento, el dinero estaba fluyendo.

¿Qué hizo ProCultura con esos $1.683 millones destinados a prevenir suicidios?

El mismo día que recibió la transferencia, la fundación invirtió la totalidad del dinero en un fondo mutuo en el Banco Santander. No en el programa. No en los beneficiarios. En un fondo mutuo. Violando de manera flagrante la cláusula del convenio que exigía usar los recursos «exclusivamente para la ejecución del programa». La Fiscalía constató además que desde esos fondos se pagaron sueldos de los propios directivos de la fundación, incluyendo $1.500.000 mensuales del salario del propio Larraín.

El Consejo de Defensa del Estado lo dijo sin eufemismos en su querella: los imputados «recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal (…) y comenzaron a darle un uso distinto del previsto» el mismo día en que llegó el dinero. La Fiscalía investiga los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho.

LA FRASE QUE SACUDIÓ AL PAÍS

Pero lo más explosivo no vino de los balances contables. Vino de una conversación grabada.

Una proveedora de ProCultura — la propietaria de la Productora Gráfica Andros — reclamaba un pago adeudado de más de $40 millones por trabajos realizados. La respuesta que recibió quedó registrada en una interceptación telefónica y llegó hasta el expediente judicial: el director ejecutivo de la fundación habría dicho que no les pagaría porque «gasté esa plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca».

Con ese antecedente en mano, el fiscal Patricio Cooper solicitó autorización judicial para interceptar el teléfono del mismísimo Presidente de la República, argumentando que tenía «una confesión de que dineros provenientes de convenios adjudicados a ProCultura derivaron en financiamiento irregular de la campaña presidencial del actual Presidente».

El tribunal rechazó la solicitud. Pero el hecho de que un fiscal chileno haya pedido pinchar el teléfono del Presidente en ejercicio, con ese fundamento, es por sí solo un hito sin precedentes en la historia política del país.

EL PRESIDENTE GRABADO

La PDI no alcanzó a interceptar el teléfono de Boric, pero sí grabó algo que él tampoco esperaba.

En octubre de 2024, durante las interceptaciones al teléfono de Josefina Huneeus — psiquiatra, amiga del Presidente y ex esposa de Larraín — la PDI registró una conversación entre ella y Boric. El Presidente le pedía el contacto de la representante legal de ProCultura. La Fiscalía interpretó ese gesto como un intento de «coordinar una defensa».

Meses después, cuando la conversación fue filtrada a la prensa, el país conoció las palabras textuales del mandatario: «Jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota». Y la ya célebre frase: «yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueon con eso».

El hombre que llegó al poder prometiendo transparencia y probidad, hablando en privado como cualquier operador político que sabe que hay un problema y trata de manejarlo. Sin asumir responsabilidades. Sin convocar a una conferencia de prensa. Solo intentando que la tormenta pasara.

EL GOBERNADOR Y LOS CHATS BORRADOS

La historia no termina en Larraín. El gobernador regional metropolitano Claudio Orrego tiene calidad de imputado en la causa. La Fiscalía investiga si su vínculo de amistad con Larraín influyó en la asignación directa del convenio millonario — sin licitación, sin concurso, con la fundación nombrada en la Corporación que él presidía apenas semanas antes.

El abogado querellante Pablo Toloza añadió otro dato alarmante: en la carpeta investigativa «no se encuentran todas las comunicaciones entre el Gobernador y Larraín, ya que habrían chats borrados».

Chats borrados. En una investigación por fraude al fisco. Por el amigo del Presidente.

EL ESTADO ACTUAL: FORMALIZADO, PERO LIBRE

El 31 de enero de 2026, Alberto Larraín fue formalizado por fraude al fisco ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El tribunal rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía — un golpe duro para la persecución —, dejando a Larraín y los demás imputados con arraigo nacional.

La investigación continúa. Los cargos son graves: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos, tráfico de influencias. El fiscal Cooper fue removido del caso por la «complejidad y gravedad» de la causa, reemplazado por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, conocido por el desmantelamiento de redes criminales en el norte del país.

Que el fiscal que investiga el narcotráfico esté ahora a cargo del caso del amigo del Presidente dice todo sobre la dimensión de lo que aquí se está investigando.

CONCLUSIÓN: MÁS CERCA QUE NUNCA

En el Caso Convenios, la corrupción estaba en los militantes del partido. En el Caso ProCultura, la corrupción llegó al círculo íntimo del Presidente. Al amigo. Al hombre que coordinó su trabajo cuando era diputado. Al hombre con quien hablaba seguido. Al hombre cuya ex esposa el Presidente llamó personalmente cuando empezó a quemarse la olla.

Boric no está formalizado. No hay pruebas directas de su participación en los desvíos. Pero hay algo que no se puede borrar: el patrón. Una fundación de su amigo que multiplicó por diez sus contratos con el Estado en el primer año de su gobierno. Una Fiscalía que pidió pincharle el teléfono. Una conversación grabada donde él mismo reconoce la cercanía y la preocupación. Y un gobernador imputado con chats borrados.

Los que llegaron prometiendo ser distintos están resultando ser iguales — o peores — que todo aquello que decían combatir.

Próxima entrega — Serie Corrupción Boric: El Caso Audios: el abogado de los poderosos y las redes que tocaron al Segundo Piso.

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Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

La entrada EL AMIGO DEL PRESIDENTE: EL CASO PROCULTURA Y EL ESCÁNDALO QUE LLEGÓ HASTA LA MONEDA se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Llegaron al poder prometiendo ser diferentes. Distintos a la «vieja política». Distintos a la Concertación «químicamente impura». Distintos, sobre todo, a esa derecha que ellos mismos acusaban de gobernar para los poderosos y robar con guante blanco. Gabriel Boric y su generación se presentaron ante Chile con una superioridad moral que bordeaba el mesianismo: eran jóvenes, eran honestos, eran el cambio.

Duraron exactamente un año en ese pedestal.

En junio de 2023 estalló el Caso Convenios — el escándalo de corrupción más grande que ha vivido Chile en décadas — y sus protagonistas no eran empresarios de derecha ni operadores de la vieja guardia. Eran militantes de Revolución Democrática, el partido del propio Presidente. Eran los «puros». Y habían estado robando.

LA MECÁNICA DEL SAQUEO

El esquema fue tan simple como descarado.

La Fundación Democracia Viva — creada apenas el 25 de febrero de 2022, sin trayectoria ni experiencia comprobable — recibió en cuestión de semanas $426 millones de pesos del Estado chileno. El dinero llegó directamente desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en tres convenios suscritos para realizar trabajos de infraestructura en campamentos. Una ONG recién nacida, sin historial, ejecutando obras de envergadura. ¿Quién firmó esos contratos?

Carlos Contreras, militante de Revolución Democrática, Seremi de Vivienda de Antofagasta.

¿Quién presidía la fundación que recibió el dinero?

Daniel Andrade, militante de Revolución Democrática, pareja de la diputada Catalina Pérez — también de RD — y quien, antes de asumir como Seremi, había trabajado en la jefatura de gabinete de esa misma diputada.

El círculo perfecto: un militante del partido le entrega plata fiscal a la fundación de otro militante del partido, que es pareja de la jefa de la cual dependía el primero. Y para no despertar sospechas, los fondos se fragmentaron deliberadamente para evadir la fiscalización de la Contraloría General de la República.

No fue un error administrativo. Fue un diseño.

EL ECOSISTEMA DE LA IMPUNIDAD

Lo que comenzó como un caso puntual se transformó en una investigación de proporciones históricas. La Fiscalía extendió su mirada a más de 53 fundaciones en todo el país con mecanismos similares. El monto inicial investigado — $14 mil millones de pesos en 2023 — creció hasta los $90 mil millones de pesos al año siguiente. Noventa mil millones. Casi 100 millones de dólares del erario público canalizados a través de organizaciones vinculadas a la política.

¿Y qué había facilitado todo esto? La respuesta apunta directamente al corazón del gobierno.

Giorgio Jackson, el socio histórico de Boric, el líder moral del Frente Amplio, ministro de Desarrollo Social, fue acusado de haber debilitado los mecanismos de fiscalización mientras estuvo a cargo del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno desde la Segpres — eliminando requisitos para que las organizaciones pudieran acceder a recursos públicos. La oposición presentó acusación constitucional en su contra. El 11 de agosto de 2023, Jackson renunció al gabinete. Ante la prensa dijo que daba «un paso al costado» porque su presencia era «utilizada como excusa» por la oposición. Ni una palabra de autocrítica. Ni una disculpa a los chilenos.

Posteriormente, tanto Jackson como el jefe de asesores del Segundo Piso Miguel Crispi y la directora de Presupuestos Javiera Martínez fueron llamados a declarar como imputados ante la Fiscalía. El propio ex Seremi Contreras, desde su posición de investigado, acusó que Crispi había «omitido información al Presidente».

El ministro de Vivienda Carlos Montes, cuya cartera era el canal principal del desvío, sobrevivió políticamente gracias a sus 32 años de redes parlamentarias. Fue citado a declarar ante la justicia, pero jamás fue removido.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO: PROMESAS VACÍAS

Frente al escándalo, Boric convocó a un grupo de expertos para proponer medidas de probidad. Se anunciaron 46 medidas. Gran despliegue comunicacional. Mucha foto.

Al año siguiente, el 80% de esas medidas no había sido implementado, según el monitoreo de Chile Transparente.

La promesa de honestidad que llevó al Frente Amplio al poder no resistió ni dos años de gobierno.

EL VEREDICTO DE LOS CHILENOS

Los números no mienten. Según la Encuesta de Corrupción 2025 de Libertad y Desarrollo, el 72,3% de los chilenos considera que la corrupción aumentó durante el gobierno de Boric — el peor resultado registrado en 25 años de medición. Y el Índice de Transparencia Internacional confirmó lo que la ciudadanía ya sentía: Chile retrocedió cinco posiciones en el ranking de países menos corruptos durante esta administración.

Boric tomó el país en el puesto 27. Lo está dejando en el 32.

CONCLUSIÓN: LA SUPERIORIDAD MORAL COMO COARTADA

El Caso Convenios no es solo un escándalo de corrupción. Es el colapso de un relato. Durante años, el Frente Amplio construyó su identidad política sobre la denuncia de la corrupción ajena. Señalaban con el dedo a la Concertación, a la derecha, al «sistema». Esa indignación moral era su capital político más preciado.

Hoy sabemos que esa indignación era, en muchos casos, pura teatralidad.

Porque mientras hablaban de probidad en los micrófonos, sus militantes diseñaban esquemas para desviar fondos públicos hacia sus fundaciones. Mientras exigían transparencia a otros, debilitaban los controles internos del Estado. Mientras prometían gobernar para todos los chilenos, le pasaban la plata fiscal a sus amigos y parejas de partido.

La diferencia entre ellos y la «vieja política» que tanto despreciaban resultó ser solo una: los viejos políticos al menos no se creían los puros.

Circulando por la Derecha es un blog de opinión política republicana. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor. Próxima entrega — Serie Corrupción Boric: El Caso ProCultura: cuando el amigo del Presidente también mete la mano.

Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, así como el exceso de información, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

La entrada EL GRAN ROBO DE LOS «PUROS»: EL CASO CONVENIOS Y LA HIPOCRESÍA DEL FRENTEAMPLISMO. se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Imagina a un médico de urgencias que, en lugar de recibir el historial clínico del paciente que tiene al frente, recibe simultáneamente los expedientes de diez mil pacientes distintos, todos mezclados, sin orden, sin jerarquía. No podría diagnosticar nada. No podría tomar ninguna decisión correcta. Y, sin embargo, técnicamente, tendría «más información» que nunca.

Eso es la infoxicación. Y no solo les ocurre a los médicos. Les ocurre a los analistas de inteligencia. Les ocurre a los periodistas. Les ocurre a los ciudadanos. Y en política, alguien lo sabe muy bien y lo aprovecha.

¿Qué es exactamente la infoxicación?

El término lo acuñó en 1999 el físico catalán Alfons Cornellà. Lo definió como «estar siempre ‘on’, recibir centenares de informaciones cada día, a las que no puedes dedicar tiempo». Antes que él, Alvin Toffler ya había advertido en 1970 que «si el exceso de estímulo a nivel sensorial aumenta la deformación con que percibimos la realidad, el exceso de estímulo cognoscitivo perturba nuestra facultad de pensar».

Dicho de forma simple: el fenómeno de la infoxicación se presenta cuando la información recibida por la persona es mayor que su capacidad de procesarla. No es falta de información. Es exceso. Y el resultado es exactamente el mismo que la ignorancia: incapacidad para actuar bien.

Las consecuencias no son menores. Desorientación, indecisión, falta de atención y concentración, dispersión, problemas de memoria, deterioro de la capacidad analítica, deficiente administración del tiempo — ese es el cuadro clínico del ciudadano infoxicado. Y para quienes trabajan en inteligencia o análisis político, el diagnóstico es aún más grave.

El problema en los analistas de inteligencia

Los analistas de inteligencia son, por definición, personas cuyo trabajo es convertir datos en decisiones. Procesar señales. Separar el ruido de lo relevante. Pero en el mundo actual, ese trabajo se volvió exponencialmente más difícil.

Hoy en día, los tomadores de decisiones sufren con frecuencia de infoxicación, lo que abruma su capacidad para pensar con claridad y ver el panorama general. Estamos perdidos en un mar de datos e información, y los delincuentes lo saben muy bien.

Esa última frase merece subrayarse: los delincuentes lo saben muy bien. Y los actores políticos también.

La cantidad ingente de información disponible —especialmente a través de internet— aumenta el riesgo de saturar las bases de datos con información no relevante, lo que incurre en sobrecostes de mantenimiento y posible desinformación (LISA Institute). Un analista saturado no solo no puede distinguir lo verdadero de lo falso: directamente deja de intentarlo. Comienza a simplificar, a confirmar sesgos, a tomar atajos mentales. Y esos atajos son exactamente donde los actores maliciosos instalan sus narrativas.

El ciclo de inteligencia —recolección, procesamiento, análisis, divulgación— se rompe en su segunda etapa. Es en la fase de procesamiento donde se lucha contra la infoxicación: ordenar, filtrar y analizar para identificar qué es más relevante y confiable. Cuando esa fase colapsa bajo el peso del ruido, todo lo que viene después es basura: análisis contaminado, decisiones erradas, políticas públicas mal orientadas.

La dimensión política: cuando el exceso de información es un arma

Aquí llegamos al núcleo del problema. Porque la infoxicación no es solo un accidente de la era digital. En política, puede ser una estrategia deliberada.

La manipulación informativa no solo debilita la confianza en los procesos democráticos, sino que también genera desafección política. La exposición constante a noticias falsas y teorías conspirativas distorsiona la realidad hasta el punto de que muchos ciudadanos pierden la confianza en su capacidad para influir en el sistema político.

¿Y quién se beneficia de esa desafección? El poder establecido. El gobierno que no quiere ser fiscalizado. La coalición que prefiere ciudadanos agotados a ciudadanos atentos.

Las campañas de desinformación son patrones de comportamiento llevados a cabo de forma coordinada e intencional para manipular la realidad informativa, y suponen una amenaza para los valores constitucionales, los procesos democráticos y las instituciones democráticamente constituidas. Nótese bien: no hace falta mentir directamente. Basta con inundar. Con saturar. Con hacer que todo parezca igualmente importante —o igualmente sospechoso— para que el ciudadano se rinda y deje de filtrar.

En América Latina, este mecanismo tiene un nombre propio y una tradición bien documentada. La desinformación muchas veces busca explotar vulnerabilidades de la sociedad por medio de contenido no necesariamente falso, pero diseñado estratégicamente para generar confusión, desconfianza o división social. No hace falta inventar noticias. Basta con multiplicar el ruido hasta que la señal desaparezca.

El ciudadano como primer eslabón roto

La democracia tiene un supuesto fundamental: que el ciudadano puede tomar decisiones informadas. Que puede votar con criterio. Que puede fiscalizar al poder. Pero ese supuesto se rompe bajo la infoxicación.

Nos podemos encontrar ante una opinión manipulada o prefabricada por procesos que los propios ciudadanos desconocen, basados en el tratamiento de su información personal y en el recurso a las emociones, desarticulando cualquier tipo de razonamiento reflexivo.

Esto no es una metáfora. Es el mecanismo exacto por el cual la izquierda populista latinoamericana —desde las mañaneras de AMLO hasta los relatos «épicos» del progresismo chileno— construye sus audiencias. No mediante argumentos racionales que se puedan refutar. Sino mediante una avalancha constante de contenido emocional que no da tiempo al análisis.

Las redes sociales conllevan infoxicación, burbujas de filtros, desinformación, extractivismo de datos y otros efectos perjudiciales para el sistema democrático. Y quien controla el flujo de contenido en esas plataformas —o quien tiene más recursos para generarlo— lleva la delantera.

¿Qué hacer? El antídoto republicano

La solución no es ignorar la información. Es aprender a procesarla con disciplina. Y eso, en el mundo de hoy, es una habilidad que hay que cultivar de forma deliberada.

Los analistas de inteligencia tienen protocolos para esto: prioridad, fuente, contraste, contexto. El ciudadano republicano debería tener los suyos propios.

• Primero, establece jerarquías. No toda noticia merece tu atención. Aprende a distinguir lo urgente de lo importante, lo emocional de lo relevante.
• Segundo, desconfía del escándalo instantáneo. Cuando algo explota en redes y todos hablan de lo mismo al mismo tiempo, pregúntate: ¿qué no estoy viendo? ¿Qué se está tapando con este ruido?
• Tercero, vuelve a las fuentes primarias. Los documentos, los datos duros, los hechos verificables. El análisis de calidad no nace del scroll infinito. Nace del estudio.
• Cuarto y más importante: recuerda que la fatiga informativa es políticamente conveniente para el poder. El ciudadano que se rinde, que dice «todos mienten igual», que se desconecta de la política por saturación, es exactamente el ciudadano que el populismo necesita. Alguien que no vota con criterio, que no fiscaliza, que no exige cuentas.

La infoxicación no es solo un problema de higiene digital. Es una amenaza a la calidad de nuestra democracia. Y en un país como Chile, donde las instituciones ya están bajo presión, donde la confianza ciudadana está erosionada y donde el progresismo domina el relato mediático, no podemos darnos el lujo de ciudadanos mentalmente agotados.

Más información no es más libertad. Información procesada, jerarquizada y analizada con pensamiento crítico: eso sí lo es.

Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, así como el exceso de información, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

La entrada INFOXICACIÓN: CUANDO TENER DEMASIADA INFORMACIÓN ES TAN PELIGROSO COMO NO TENER NINGUNA se publicó primero en Circulando por la Derecha.

Eso es la Técnica de la Caja China: la estrategia más antigua, más efectiva y más usada por la izquierda latinoamericana para gobernar sin gobernar. Para distraer sin que notes que te están distrayendo.

¿De dónde viene la idea?

El nombre lo dice todo. Se le llama «caja china» porque cuando se logra abrir, dentro de ella hay otra caja más pequeña, dentro de la cual hay una más, y así sucesivamente, construyendo una cortina de humo.

En política, la mecánica es simple: la técnica consiste en eclipsar una noticia que podría afectar negativamente a ciertos actores de poder —un escándalo de corrupción, una crisis económica o una decisión gubernamental impopular— con otra que capte rápidamente el interés del público. Esa «otra» puede ser un escándalo farandulero, una polémica en redes, una declaración incendiaria o incluso un evento fabricado.

No se trata de mentir directamente. Se trata de algo más sofisticado y peligroso: controlar dónde miras.

El manual que nadie te enseñó

La pregunta que deberías hacerte cada vez que abres las noticias no es «¿qué están mostrando?» sino «¿de qué no están hablando?»

En comunicación política, la caja china describe una estrategia para distraer la atención pública de los asuntos verdaderamente importantes hacia temas más ruidosos, polémicos o sensacionalistas, pero con poca relevancia real.

El mecanismo tiene pasos bien definidos:

• Primero, surge un tema que incomoda al poder. Puede ser una investigación periodística, una cifra de pobreza que subió, una obra que no se terminó, un funcionario detenido.
• Segundo, casi de inmediato aparece otro tema que domina las redes y los titulares. Escandaloso, emocional, divisivo. Algo que genera rabia o morbo.
• Tercero, el tema original desaparece del debate. Nadie lo recuerda. Nadie rinde cuentas.
• Cuarto, cuando el distractor se agota, viene otro. Y otro. Y otro.
• Un escándalo tapa a otro y cuando se desvanece se genera uno nuevo que mantiene el interés hasta lograr el objetivo.

Chile no es la excepción. Chile es el ejemplo.

Tomemos un caso reciente. Mientras el gobierno de Boric terminaba su mandato, Chile enfrentaba el escándalo del cable submarino de fibra óptica China-Chile: las sanciones de Estados Unidos al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a dos funcionarios más de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por el avance del cable de fibra óptica China-Chile en el tramo final del gobierno. Un asunto de soberanía, de geopolítica y de relaciones con Washington. Un escándalo real.

¿Cuánto duró en los titulares principales? ¿Cuántos chilenos lo conocen en profundidad?

Mientras tanto, el mismo gobierno que promovió ese cable convirtió la reforma de pensiones, la crisis de seguridad, el caso Monsalve y el escándalo de las fundaciones (Democracia Viva) en una sucesión de noticias que se pisaban unas a otras. El caso de Democracia Viva, que comenzó con el traspaso de fondos públicos a una fundación ligada a la coalición oficialista, creció desde los 14 mil millones a los 90 mil millones de pesos investigados. Un número que asombra. Un número que muchos ciudadanos nunca procesaron porque ya venía la siguiente caja.

La versión digital: más rápida, más letal

El siglo XXI perfeccionó la técnica. Las redes sociales son hoy la nueva arena donde se libra la guerra por la atención. Ya no se necesita censura, basta con saturación. En un mundo donde todos hablan al mismo tiempo, la verdad se diluye por exceso, no por falta.

Un gobierno progresista moderno no necesita controlar la prensa ni silenciar periodistas al estilo soviético. Le basta con alimentar el algoritmo. Con generar indignación controlada. Con sembrar una polémica identitaria —género, diversidad, «discurso de odio»— justo cuando hay algo más importante que debería estar en el centro del debate.

Cada minuto que un ciudadano dedica a indignarse por un tema superficial es un minuto menos de vigilancia cívica.

¿Por qué funciona?

Porque apela a lo más humano que tenemos: la emoción por sobre la razón. La caja china es una táctica de manipulación que apela a la falta de atención y al impulso emocional de la sociedad.

La polarización, además, es la caja china perfecta. Izquierda contra derecha. Feministas contra conservadores. Progresistas contra «fachos». Esa eterna batalla divide, entretiene y drena energía. Nadie gana, pero todos discuten. Y mientras el ciudadano pelea en redes, el poder firma en silencio.

¿Qué hacemos con esto?

Lo primero es reconocer el truco. Una vez que sabes cómo funciona la caja china, empiezas a verla en todas partes. El escándalo que aparece demasiado oportuno. La polémica que explota justo cuando se iba a votar algo importante. El personaje que de pronto copa todas las pantallas sin razón aparente.

Lo segundo es preguntar siempre lo que no se está diciendo. No te dejes llevar por la caja que te muestran. Busca la que están escondiendo.

Lo tercero, y más importante, es exigir rendición de cuentas sin importar el ruido. El ciudadano republicano —ese que Circulando por la Derecha busca formar— no se distrae. Sabe que la libertad se defiende también con atención.

Si no logramos ver las cajas chinas de nuestro gobierno y de otros, nos convertimos en cómplices involuntarios.

Y eso, en democracia, es imperdonable.

Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, así como la distracción constante, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

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¿Qué es una República, exactamente?

La palabra «República» proviene del latín res publica: la cosa pública, lo que les pertenece a todos. No al gobernante de turno, no a una facción política, no a quienes tienen más dinero o más poder. A todos los ciudadanos por igual.

Una República se distingue de otras formas de gobierno porque el poder tiene límites claros, la ley rige de manera igual para todos, los poderes del Estado son independientes entre sí, y los gobernantes deben rendir cuentas al pueblo que los eligió. No es simplemente votar cada cuatro años; es una cultura de convivencia basada en principios.

Esos principios, en la tradición republicana clásica y moderna, son cinco: Libertad, Igualdad, Fraternidad, Seguridad y Responsabilidad. Analizarlos a la luz de la realidad chilena es el propósito de este artículo.

Libertad: ¿real o formal?

La libertad republicana no es la ausencia de toda norma, sino la capacidad de cada ciudadano de tomar decisiones sobre su propia vida sin interferencia arbitraria del Estado o de otros poderes fácticos. Chile garantiza formalmente libertades fundamentales: de expresión, de culto, de empresa y de movimiento.

Sin embargo, cuando el Estado multiplica regulaciones innecesarias, cuando el emprendimiento se convierte en un laberinto burocrático, o cuando ciertos sectores del debate público perciben presión para autocensurarse, la libertad real comienza a erosionarse. La libertad económica, en particular, es un componente esencial de la libertad individual: quien no puede trabajar y emprender libremente no es plenamente libre.

La pregunta pertinente no es si existe libertad en el papel, sino si el sistema la defiende de manera efectiva para todos los ciudadanos, especialmente para los más jóvenes que buscan construir su camino.

Igualdad: ante la ley, no ante la vida.

La igualdad republicana no propone que todos tengamos los mismos bienes o las mismas capacidades. Propone algo más fundamental: que todos seamos iguales ante la ley. El juez, el funcionario público, la institución estatal deben tratar a cada ciudadano con el mismo rasero, sin importar su origen, su riqueza o sus contactos.

Chile ha avanzado en acceso a servicios básicos y derechos formales, pero persiste una brecha entre la igualdad proclamada y la igualdad vivida. Cuando hay personas que operan sobre la ley —por sus conexiones políticas o su capacidad económica—, el principio republicano se quiebra. También es necesario advertir contra una distorsión común: la igualdad no puede convertirse en uniformidad ni en castigo al mérito. Una República sana eleva a quienes más se esfuerzan; no nivela hacia abajo.

Fraternidad: la más olvidada.

La fraternidad es el principio menos mencionado y, posiblemente, el más urgente en la Chile de hoy. Significa reconocerse como parte de una comunidad de destino, donde el adversario político no es un enemigo por destruir, sino un conciudadano con quien debatir y convivir.

La polarización creciente, la desconfianza institucional y la cultura del insulto en el debate público son síntomas de una fraternidad rota. Ningún proyecto de país puede prosperar cuando sus ciudadanos se tratan como enemigos. La fraternidad republicana no exige acuerdo; exige respeto básico y el reconocimiento de que compartimos un mismo proyecto común, aunque tengamos visiones distintas sobre cómo construirlo.

Seguridad: deber primordial del Estado.

La seguridad personal es una de las razones históricas más fundamentales por las que los seres humanos organizamos Estados. El monopolio legítimo de la fuerza existe precisamente para que los ciudadanos puedan vivir sin miedo a la violencia arbitraria, al crimen y a la impunidad.

Chile enfrenta hoy un deterioro claro en esta dimensión: el avance del crimen organizado, la percepción de impunidad y la presencia del narcotráfico en territorios que antes eran tranquilos son señales que no pueden ignorarse. Un Estado que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos ha fallado en uno de sus deberes más básicos. Exigir seguridad efectiva no es autoritarismo; es ejercicio legítimo de ciudadanía republicana.

Responsabilidad: el principio que falta.

La responsabilidad es el quinto principio y el que, en opinión de quien escribe, mayor déficit presenta en nuestra cultura política y social. En una República bien constituida, quien ejerce poder debe responder por su ejercicio: el gobernante ante el pueblo, el funcionario ante la ley, el ciudadano ante la comunidad.

La irresponsabilidad se ha normalizado en múltiples niveles: promesas políticas incumplidas sin consecuencias, mala administración de recursos públicos sin sanción efectiva, y una cultura que privilegia la exigencia de derechos sobre el cumplimiento de deberes. Sin responsabilidad, los cuatro principios anteriores son declaraciones vacías.

Conclusión: una República en construcción.

Chile es formalmente una República. Tiene instituciones, separación de poderes, elecciones periódicas y garantías constitucionales. Pero una República no se agota en sus textos; requiere que sus principios sean vividos por los ciudadanos y exigidos a sus gobernantes.

Libertad, Igualdad, Fraternidad, Seguridad y Responsabilidad no son patrimonio de ninguna corriente política particular. Son el piso mínimo de una convivencia civilizada. Defenderlos es tarea de todos: de quienes gobiernan, de quienes se oponen, y de los millones de ciudadanos que, con sus decisiones cotidianas, determinan el tipo de República que queremos ser.

Esa es la conversación que vale la pena tener. Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, así como los conflictos armados inútiles, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

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La inteligencia no es una idea única, sino que se define en tres dimensiones:

COMO PRODUCTO.

Es el resultado final, usualmente un informe, diseñado para reducir la incertidumbre del decisor.

COMO PROCESO.

Se refiere al Ciclo de Inteligencia, una serie de fases sucesivas para transformar datos en conocimiento.

COMO ORGANIZACIÓN.

Es la estructura o institución (pública o privada) que ejecuta dichas actividades.

2. El Ciclo de Inteligencia (6 Fases)

Es el método estándar de producción y consta de las siguientes etapas:

1. Dirección y Planificación: Se definen las Necesidades de Inteligencia (NI) y se desgranan las preguntas complejas en factores clave.

2. Obtención: Se explotan fuentes como HUMINT (personas), OSINT (fuentes abiertas), SIGINT (señales) y GEOINT (imágenes geoespaciales).

3. Procesamiento: Traducción, indexación y etiquetado de la información para que sea utilizable.

4. Análisis y Producción: La fase más crítica, donde el analista evalúa la fiabilidad de las fuentes y aplica técnicas de análisis estructurado para emitir juicios.

5. Difusión: Entrega del producto al consumidor de forma oportuna, a veces usando técnicas como el Elevator Pitch para sintetizar el mensaje.

6. Retroalimentación (Feedback): Evaluación del proceso para la mejora continua, fase que a menudo se descuida en la práctica.

Una unidad de inteligencia se crea con la finalidad de resolver un problema, sin embargo, muchas veces dichos problemas no se terminan de resolver debido a que las unidades de inteligencia se encuentran constituidos por seres humanos como bien lo explicamos en nuestro artículo sobre LOBO. Los seres humanos tienen «intereses» que van en contra de los principios fundadores de dicha unidad.

Esta es la razón por la cual no se termina de controlar el crimen organizado, la DEA, no termina de ganar la guerra contra el narcotráfico, la CIA, no termina de acabar con el terrorismo. ¿Qué van a hacer estos especialistas una vez que se resuelva el problema? ¿Vender verduras en la feria?

En muchas oportunidades esto no es así, sin embargo, los ciudadanos de bien, debemos saber que estas cosas existen y que debemos estar ¡despiertos! sobre estas instituciones.

Esto ha sido una opinión bastante simplificada sobre el fenómeno de la inteligencia, pero la idea no es convertirnos en analistas, sino, en conocer conceptos básicos sobre la misma y no ser tan ingenuos cuando veamos las noticias en las televisión. Acá les dejo un enlace al LISA Institute por si alguien desea aumentar sus conocimientos en esta hermosa área del conocimiento.

Eso es todo por el día de hoy. Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, no le conviene a los héroes de verdad.

Que Dios los bendiga.

ERASMO AVELLANEDA MILLÁN

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