El 18 de octubre de 2025 se cumplieron seis años del estallido social. Este 2026 se cumplen siete. Cada aniversario trae el mismo ritual: unos lo llaman "revuelta popular", otros "octubre negro". Pocos se detienen en los números. Y los números, siete años después, cuentan una historia incómoda para cualquier relato romantizado de esas semanas.
Lo que costó, en cifras que no son opinión.
El estallido dejó 32 personas muertas, según las cifras oficiales del propio Estado chileno. Dejó más de 3.400 civiles hospitalizados y 347 personas con lesiones oculares, muchas de ellas de por vida. Dejó 8.812 detenidos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y dejó una factura económica calculada en unos 3.300 millones de dólares en daños a la propiedad pública y privada, con una pérdida estimada de entre 100 mil y 300 mil empleos.
La red de Metro de Santiago —construida durante décadas, con inversión de gobiernos de todos los colores políticos— perdió estaciones completas. Elisa Correa, Laguna Sur, Macul y San Pablo ardieron hasta quedar inutilizables. No fue un incidente aislado ni un exceso puntual. Fue una destrucción sistemática de infraestructura pública que millones de chilenos usan todos los días para ir a trabajar.
Ninguna de estas cifras es un invento de la derecha para desprestigiar una causa legítima. Son datos oficiales, documentados por el propio Estado y por organismos de derechos humanos que en su momento también denunciaron, con toda razón, el actuar de las policías. Reconocer una cosa no obliga a callar la otra.
La promesa que no se cumplió.
El estallido no fue solo destrucción. También fue una promesa: una nueva Constitución que, se dijo entonces, resolvería de raíz el malestar que había explotado en las calles. Chile le dio dos oportunidades a esa promesa.
En septiembre de 2022, el país rechazó la primera propuesta constitucional por 61,89% contra 38,11%. Fue un texto redactado por una convención de mayoría de izquierda. En diciembre de 2023, Chile rechazó también la segunda propuesta, esta vez redactada por un consejo de mayoría de derecha, por 55,76% contra 44,24%.
Dos convenciones. Dos textos completamente distintos entre sí. Dos rechazos contundentes. El país que supuestamente exigía una refundación completa terminó prefiriendo, dos veces seguidas y por márgenes claros, la Constitución que ya tenía —reformada, pero no reemplazada.
Lo que sí cambió.
Sería igual de deshonesto decir que no cambió nada. El malestar de 2019 —desconfianza en las pensiones, percepción de abuso en sectores como la salud y la educación, sensación de desigualdad— era real y en gran medida seguía sin respuesta cuando explotó. Ese malestar no se resolvió con un proceso constituyente, pero sí terminó reordenando el mapa político chileno: la desconfianza hacia la clase política tradicional, de ambos sectores, es hoy más alta que en 2019, no más baja. Y la elección de Kast en 2025 se explica, en buena parte, como una reacción a esos siete años de promesas de refundación que no llegaron a ningún lado concreto.
Por qué conviene recordarlo bien.
A siete años de distancia, la discusión ya no debería ser si el estallido tuvo o no causas reales —las tuvo—. La discusión honesta es otra: ¿valió la pena la factura que se pagó, en vidas, en vista, en empleos y en infraestructura pública, para terminar exactamente donde se empezó en materia constitucional? Los números de este artículo no responden esa pregunta por el lector. Pero sin esos números, la pregunta ni siquiera se puede hacer bien.