Cada 11 de septiembre, Chile repite el mismo ritual: un bando reivindica, el otro condena, y en el medio queda un país que discute símbolos en lugar de discutir resultados. Cincuenta y tres años después, vale la pena hacer algo que casi nadie hace en esta fecha: mirar los números.

No los números de un bando ni del otro. Los del Banco Central, los de la Biblioteca del Congreso, los de los propios organismos del Estado chileno a lo largo de tres décadas de democracia. Porque si algo debería sobrevivir a la polarización de cada septiembre, es la evidencia.

La economía que colapsó

En 1973, Chile no vivía una crisis política aislada: vivía un colapso económico en toda regla. La inflación anual llegó a 606%, la cifra más alta registrada en la historia del país. No era un número abstracto: significaba que una familia veía derretirse el valor de su sueldo entre el día que lo cobraba y el día que hacía la compra de la semana.

Detrás de esa inflación había una causa concreta: el déficit fiscal pasó de -1,4% del PIB en 1970 a -22,9% en 1973, financiado en gran parte con emisión monetaria del Banco Central. El "Plan Vuskovic" combinó alzas salariales del 55%, congelamiento de precios y expansión del gasto público bajo la premisa de que la economía chilena tenía "capacidad ociosa" suficiente para absorberlo. No la tenía. El resultado fue desabastecimiento generalizado, mercado negro y filas que hoy solo recuerdan quienes las vivieron.

En paralelo, la participación estatal en la economía se disparó: del 13% al 85% en minería, del 3% al 40% en la industria, del 24% al 70% en el transporte. No es un juicio ideológico decir esto —son cifras de estatización que cualquier manual de historia económica chilena recoge.

El giro y sus costos.

Lo que vino después —el régimen militar y las reformas de los Chicago Boys— no puede contarse solo en cifras macroeconómicas, y quien lo intente estaría siendo tan deshonesto como quien solo cuenta las cifras de la UP. Chile pagó ese giro con una dictadura, con violaciones a los derechos humanos que están documentadas, juzgadas y que este medio no pretende minimizar ni en esta nota ni en ninguna otra. Ese costo es un hecho histórico, no un punto de vista.

Pero también es un hecho histórico lo que pasó con la economía a partir de mediados de los 70 y, sobre todo, después de la crisis de 1982: control de la inflación, apertura comercial, un sistema de pensiones que —con todos sus defectos, hoy en debate— reemplazó a uno que ya era insostenible, y las bases institucionales (Banco Central autónomo, reglas fiscales) que gobiernos de todos los colores políticos mantuvieron después de 1990, incluidos los de la Concertación.

Lo que muestran tres décadas de democracia.

Ahí está el dato que más incomoda a quien quiere reducir el debate a "dictadura mala, todo lo anterior bueno": ningún gobierno democrático posterior a 1990 —ni el de Aylwin, ni el de Lagos, ni el de Bachelet, ni el de Boric— desmontó el modelo económico heredado. Lo ajustó, le agregó red social, discutió sus límites, pero no volvió a la economía estatizada y con inflación de tres dígitos de 1973.

Y los resultados de sostener ese modelo, con matices, durante 35 años de democracia están a la vista: la pobreza pasó de cerca del 40% de la población a comienzos de los 90 a menos del 7% en las mediciones más recientes. Chile llegó a ser, según distintos organismos internacionales, uno de los países con menor pobreza de América Latina. Ese resultado no se lo debemos a Allende ni al Plan Vuskovic. Se lo debemos a un modelo que, guste o no, nació de las reformas posteriores a 1973 y que la propia izquierda gobernante decidió no revertir cuando tuvo el poder para hacerlo.

¿Por qué esto importa hoy?

No se trae esto a colación por nostalgia con una fecha que para muchos chilenos sigue siendo dolorosa. Se trae porque hoy, con el gobierno de Kast enfrentando presión desde distintos flancos para intervenir más la economía, vale la pena recordar qué pasa cuando el Estado decide que puede fijar precios mejor que el mercado, gastar más de lo que recauda y estatizar sectores completos "por el bien del pueblo". Ya lo hicimos una vez. Terminó en 606% de inflación y en un país que se quedó sin nada que repartir.

La memoria del 11 de septiembre no tiene por qué ser solo la de los símbolos. También puede —y quizás debería— ser la memoria de los números. Esa es la que casi nadie quiere discutir en esta fecha, y es exactamente la que Chile necesita no olvidar.

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