Circulando por la Derecha — Serie: La Corrupción del Gobierno Boric | Artículo N°4
Los tres artículos anteriores de esta serie documentaron cómo el gobierno de Boric saqueó el erario público a través de fundaciones amigas, cómo esa red alcanzó al círculo íntimo del Presidente, y cómo el abogado de su jefe de asesores era el centro de una red de tráfico de influencias que corrompió la Corte Suprema y la PDI.
Este artículo es diferente.
Este no habla de plata robada. Habla de una vida. La de Ronald Ojeda Moreno, 32 años, teniente venezolano, refugiado político en Chile, opositor al régimen de Nicolás Maduro. Un hombre que huyó de una dictadura buscando seguridad en nuestro país. Un hombre al que Chile le concedió asilo. Un hombre que terminó secuestrado en la madrugada, torturado, asesinado y enterrado bajo cemento en una maleta en la comuna de Maipú.
Que esto ocurriera en Chile — en Santiago, en un edificio residencial, en pleno siglo XXI — es la imagen más brutal de lo que ha costado años de ingenuidad, demagogia y negligencia en materia de seguridad y migración.
LA NOCHE DEL 21 DE FEBRERO DE 2024
A las 5 de la madrugada del 21 de febrero de 2024, un grupo de sujetos llegó al edificio de la calle Dorsal, en la comuna de Independencia, donde vivía Ronald Ojeda junto a su esposa e hijo. Vestían uniformes de la PDI. Portaban armas y chalecos. Cubrían sus rostros.
Lo sacaron semidesnudo, maniatado, a la fuerza. Las cámaras de seguridad del edificio grabaron todo.
Diez días después, el 2 de marzo, el Ministerio de Defensa encontró su cuerpo en la toma "Santa Marta" de Maipú. Con claras señales de tortura. Enterrado en una maleta. A 1,4 metros de profundidad. Cubierto por cemento.
A 23 kilómetros de su hogar.
El fiscal Héctor Barros fue categórico: detrás del crimen estaba el Tren de Aragua, contratado como sicarios para ejecutar una misión de motivación política. La orden, según la investigación, habría venido directamente desde Venezuela — desde el entorno del número dos del régimen, Diosdado Cabello, ejecutada a través del líder criminal conocido como "el Niño Guerrero". Un coronel del régimen, Alexander Granko Arteaga, habría liderado personalmente la operación: hay sospechas fundadas de que fue él quien sostuvo el cuello de Ojeda en las imágenes.
"Acá hubo una contratación del Tren de Aragua para efectos de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. La preparación que vimos nunca se vio en otras actuaciones del Tren de Aragua", declaró el fiscal Barros. "El Tren de Aragua nunca actuó así: disfrazados de policías, y darse el trabajo de enterrarlo a 1,40 metros bajo cemento."
Una dictadura extranjera ejecutó a un disidente político en suelo chileno. Con una banda criminal transnacional como instrumento. En la capital del país.
QUIÉN ERA RONALD OJEDA Y POR QUÉ ESTABA EN CHILE
Ronald Ojeda nació en Maracay en 1991. Ingresó a la Academia Militar venezolana en 2008 y se graduó como teniente de infantería. Participó en acciones de resistencia contra el chavismo, fue acusado de rebelión y traición por el régimen de Maduro, y huyó del país. En 2018 llegó a Chile. En 2022 se manifestó frente al Palacio de La Moneda exigiendo libertad para los presos políticos venezolanos. En 2023, el gobierno de Boric le concedió asilo político formal.
En 2024, Maduro lo declaró traidor a la patria. Semanas después, estaba muerto y enterrado bajo cemento en Santiago.
La ironía más cruel: fue el propio Estado chileno quien le garantizó protección oficial. Y ese mismo Estado no fue capaz de protegerlo.
EL TREN DE ARAGUA: LO QUE BORIC NO QUISO VER A TIEMPO
El Tren de Aragua no llegó a Chile de la noche a la mañana. Según InSight Crime, la banda expandió su influencia en Chile desde 2021, con actividades documentadas en Arica, Tarapacá y Santiago. Secuestros, trata de personas, extorsión, sicariato.
¿Qué decía el entonces candidato Boric sobre los migrantes irregulares en 2021, mientras la banda se instalaba?
"No tengo problemas con los inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son."
La generosidad ideológica tiene un costo. Y en este caso, lo pagaron los chilenos más vulnerables — los que viven en los barrios donde el Tren de Aragua hizo su negocio — y personas como Ronald Ojeda, que creyeron que Chile era un país capaz de protegerlos.
Para cuando el gobierno quiso reaccionar, ya era tarde. Boric fue girando su discurso 180 grados a medida que la realidad lo obligaba: de "acogerlos como iguales" en 2021, a declarar en septiembre de 2024 que "Chile no está en condiciones de aceptar más inmigrantes" de Venezuela. La zanja que él mismo había criticado cuando la propuso la derecha, la terminó construyendo su gobierno. El muro digital de vigilancia fronteriza, también.
El problema es que los giros discursivos no devuelven la vida a Ronald Ojeda.
LA RESPUESTA: PALABRAS FUERTES, ACCIONES DÉBILES
Tras conocerse el crimen, Boric lo calificó de "caso gravísimo". Llamó a consultas a su embajador en Venezuela. Exigió colaboración para la extradición de los sospechosos. Criticó a Venezuela por "desconocer la existencia del Tren de Aragua", calificando las declaraciones del canciller venezolano de "grave insulto a las víctimas".
Todo correcto en el diagnóstico. Todo insuficiente en la acción.
Venezuela se negó sistemáticamente a colaborar con las extradiciones. El gobierno venezolano obstaculizó activamente el traslado de al menos uno de los imputados capturados en Colombia. El régimen de Maduro expulsó a los embajadores de siete países latinoamericanos — incluyendo Chile — cuando Boric se negó a reconocer los fraudulentos resultados electorales de 2024.
Y entonces ocurrió lo impensable: el ministro de Justicia del propio gobierno, Jaime Gajardo, declaró públicamente que Chile estaba "disponible para retomar las relaciones bilaterales con Venezuela". El régimen de Maduro — el mismo que ordenó el asesinato de un refugiado político en Santiago — respondió con burla desde la televisión chavista: "Pobre gente... hace tres o cuatro semanas estaban hablando pendejadas de nosotros y ahora..."
La dictadura que mató a Ronald Ojeda en suelo chileno recibió una señal de que Chile estaba dispuesto a normalizar relaciones. Ese es el resultado concreto de la política exterior de este gobierno.
LAS CONSECUENCIAS QUE NADIE QUIERE NOMBRAR
El caso Ojeda no es un episodio aislado. Es la punta visible de un iceberg:
En enero de 2024, más de 7.300 extranjeros se encontraban recluidos en cárceles chilenas — el 14% del total de la población penal. Una cifra que habla de una crisis de seguridad con dimensión migratoria innegable.
La familia de Ronald Ojeda, después del asesinato, abandonó Chile y se fue a Argentina por inseguridad y alto riesgo. El país que le dio asilo no pudo ni garantizar la seguridad de su viuda e hijo.
Una encuesta de diciembre de 2024 mostró que el 77% de los chilenos considera que la migración es negativa para el país, el 87% apoya mayores restricciones y el 71% cree que quienes ingresaron irregularmente deberían ser expulsados. Esos números no son xenofobia: son el resultado acumulado de años de política migratoria que privilegió el discurso de la bienvenida por sobre la gestión real de los flujos y la seguridad de los chilenos.
CONCLUSIÓN: EL PRECIO DE LA DEMAGOGIA
Este artículo se titula diferente a los anteriores porque la naturaleza del crimen es diferente. No hubo corrupción económica. No hubo fundaciones que se llenaron los bolsillos con plata fiscal. Lo que hubo fue algo peor: la consecuencia letal de un gobierno que llegó al poder con un discurso de puertas abiertas, que miró hacia otro lado mientras el crimen organizado transnacional se instalaba en Chile, y que cuando la realidad lo obligó a cambiar, lo hizo demasiado tarde y con demasiada timidez.
Ronald Ojeda llegó a Chile huyendo de una dictadura. El Estado chileno le prometió protección. No pudo cumplirla. Y cuando el crimen fue cometido, el mismo gobierno que lo dejó expuesto prefirió pedir palabras de extradición que nunca llegaron, en vez de tomar las medidas drásticas que la situación exigía — ruptura de relaciones diplomáticas, cierre de fronteras a ciudadanos venezolanos sin documentación, expulsión masiva de quienes tuvieran vínculos con el crimen organizado.
La oposición lo pidió. Evelyn Matthei lo dijo sin ambages: "No podemos permitir que entre un venezolano más." Boric respondió con la distinción habitual: que no hay que estigmatizar a los migrantes, que la mayoría son personas trabajadoras y honestas.
Tiene razón en lo segundo. Pero esa razón no le sirve de nada a la viuda de Ronald Ojeda, que tuvo que irse del país porque el Estado que protegió a su marido en el papel no pudo protegerlo en la realidad.
Hay una palabra para eso. Se llama fracaso.
Próxima entrega — Serie Corrupción Boric: El Caso Monsalve: el Subsecretario del Interior, la denuncia de violación, y lo que el Presidente sabía.
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Y recuerda, un adulto es el concepto razonado de lo que le conviene y la izquierda, así como la distracción constante, no le conviene a los héroes de verdad.
Que Dios los bendiga.
ERASMO AVELLANEDA MILLÁN